La renuncia de la Jueza Alejandra C. Velázquez

El 22 de noviembre renunció a su cargo de la Jueza de Familia de Pilar, Dra. Alejandra C. Velázquez. Ahora la Gobernadora debe aceptarla formalmente. Largas vacaciones pagas por todos por causa de la ley 13661, cuyas deficiencias mayúsculas han sido señaladas en forma reiterada por el Colegio: funciona como garantía de impunidad para los malos jueces o como arma de extorsión para los buenos. Antecedentes. Análisis. Reflexiones.
Martes, 22 Noviembre, 2016

La renuncia de la Jueza Alejandra C. Velázquez

El 31 de octubre de 2016 la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento corrió traslado a la acusada para que en el plazo de 30 días contestara las acusaciones y ofreciera  pruebas.
El 22 de noviembre la Dra. Alejandra C. Velázquez renunció a su cargo y ahora la Gobernadora debe aceptarla formalmente.
Tal como se señalara en el número 54 de la publicación “ 4 PRIMERAS”  pasó un año y medio desde que la Suprema Corte le otorgara una licencia compulsiva, luego que el Jurado la apartara preventivamente y más tarde se le otorgara otra licencia.
Largas vacaciones pagas por todos  por causa de una ley (13661) cuyas deficiencias son mayúsculas y han sido señaladas reiteradamente por el Colegio. Funciona como garantía de impunidad para los malos jueces o como arma de extorsión para los buenos.
La acusada se dedicó a plantear nulidades procesales y a recusar a miembros del Jurado,  como si en lugar de Jueza fuera un litigante chicanero y desleal. En eso fue coherente con lo que hizo durante su lamentable paso por la magistratura.

El destino de la ex Jueza estaba sellado.
La gravedad, y número de los cargos, las pruebas existentes,  las resoluciones  anteriores del Jury, la naturaleza y emplazamiento institucional de los acusadores,  señalaban un final  muy previsible.
Contestado el traslado, sobrevendría la suspensión y la audiencia pública.
Nos ha ahorrado el bochorno de  un debate oral en el que las miserias del Poder Judicial saldrían a la luz como ha sucedido en otras causas. Pero esta vez las víctimas eran en muchos casos niños. Algunos recién nacidos.
Hubiera merecido el acto solemne de la destitución.
Si bien le espera una voluminosa causa  penal, lo cierto es que debemos una vez más señalar que nuevamente fallaron los controles previos, ya que todo comenzó con una denuncia del Colegio a raíz de las reiteradas ausencias que registraba Velázquez, la que fue ampliada por otros hechos que habían llegado a nuestro conocimiento. La investigación permitió develar un cuadro tan grave como desolador: el Juzgado de Familia N°1 de Pilar era un verdadero caos, la Jueza una calamidad y la Justicia  un enunciado sin valor alguno.
Se ha causado un daño enorme al Poder Judicial y a su imagen (ya bastante venida a menos) por no haberse adoptado las medidas preventivas  para que ello no ocurriera.
Pudo saberse que hubo inspecciones, y hasta  el “abordaje” de una oficina de resolución de conflictos que  mora en dependencias de la Suprema Corte.
Todo estaba bien, como pasa tantas veces.

Hasta que una vez más la intervención activa del Colegio permitió que se avanzara con la investigación de los hechos y se demostrara que no solo las cosas no estaban nada bien,  sino que se estaba en presencia de un cuadro de irregularidades, corrupción, incumplimiento de deberes, violación de derechos, adulteración de registros, y demás conductas  (algunas verdaderamente estrafalarias) dignas de una  tragicomedia inconcebible en un Juzgado.
Queda también espacio  para reflexionar acerca de los intereses políticos, que se movieron activamente para  que Velázquez llegara a  Jueza, y a los que  contaba como fieles aliados hasta llegar ahora a su sórdido final.
Ellos también son los grandes responsables, que hasta la declararon “ciudadana ilustre" de Pilar; un acto constitutivo de  una burla irrespetuosa como pocas y una verdadera afrenta para la comunidad  de esa ciudad.
Vaya a saber qué  méritos habrán tenido en cuenta para procurar su designación y distinguirla de ese modo.
Y lo decimos  así porque el Colegio de Abogados de San Isidro  siempre ha actuado de este modo a lo largo de su historia. Y lo seguirá haciendo.
Existe una imperiosa necesidad de reformar la ley del Consejo de la Magistratura y la de Enjuiciamiento de Magistrados, y así lo han reconocido autoridades del actual Gobierno provincial. 
Si lo hace estaremos  comprometidos con las modificaciones. De lo contrario,  también lo señalaremos.
Ya de promesas y buenas intenciones los abogados  tenemos la cuota colmada.
No seremos silentes cómplices de las barbaridades que se cometen en nombre de lo “políticamente correcto”, del atropello a los derechos, de la prepotencia judicial o del mirar para otro lado como norma de conducta habitual dentro de nuestros Tribunales.
El Poder Judicial debería  por lo menos hacer siquiera por una vez, un acto mínimo de autocrítica por este y otros casos, aquí y en toda la provincia.
Sabemos también que están los honestos, los sacrificados, los que trabajan silenciosamente todos los días, los que no firman  lo que hacen otros, los que cumplen horarios y plazos, los que respetan las leyes y las cumplen, los que no aspiran a ser noticia repetida  en diarios y revistas, los que rechazan la arbitrariedad y se dedican a la noble misión de  hacer justicia. Ellas y ellos son los  ejemplares  representantes de la judicatura republicana.
El final de Velázquez es un homenaje y un acto de justicia también para esos Jueces.

A la  ex magistrada le aguarda  un proceso  ante la Justicia en lo Criminal.
En otras épocas, el Colegio confió en que el Poder Judicial cumpliría  con los mandatos de los Jurados, que destituyeron a Jueces en nuestro Departamento judicial. En uno de los casos por múltiples delitos incluyendo el  de asociación ilícita.
Los miembros del Colegio fueron amenazados constantemente  y en los diarios de mayor circulación del país  se publicaban  avisos fúnebres destinados a amedrentar mientras se sustanciaba el enjuiciamiento.
Todas las causas prescribieron.
Esta vez, haremos lo posible  para que eso no suceda.
La vigilancia activa se extenderá respecto de  los responsables de que Alejandra Claudia Velázquez sea Juzgada debidamente, con las garantías que ella les negó a personas inocentes, pero con la severidad  que el Derecho vulnerado exige.
No vacilaremos  ni aceptaremos un nuevo caso de impunidad por encubrimiento de la corporación judicial.
Una vez más, el Colegio de Abogados de San Isidro ha cumplido con su deber.
Nadie puede llamarse a engaño o confundirse en que lo hará  cuantas veces sea necesario.
Sería bueno que se tome debida nota y se extraigan conclusiones hacia el futuro y que este nuevo capítulo negro en la historia de la justicia del Departamento Judicial de San Isidro  sirva  como una  dura experiencia de la que todos deben aprender.