JUGAR A PRUEBA Y ERROR CON EL PODER JUCIAL. PERSISTIR EN EL ERROR
Nuestro Colegio de Abogados de San Isidro lamenta que políticas coyunturales, basadas en erróneas especulaciones teóricas, convertidas en proyectos legislativos impidan la percepción de modelos de designación y remoción de los jueces nacionales que fueron, por mucho, mejores que los impuestos por las reformas del año 2006.-
Viene bien recordar que la institucionalización constitucional del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación tienen su origen en el fracaso absoluto del sistema de selección anterior, de exclusivo corte político partidario, sin examen de la idoneidad y aptitud de los postulantes.-
El paupérrimo resultado de ese modelo motivó la incorporación del actual sistema mediante la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, generando un procedimiento de selección de postulantes y de remoción de magistrados distinto, sin que se perdiera, al momento de la designación definitiva, la participación esencialmente política.-
La ley 24937, que implementó la operatividad del artículo 114 de la Constitución Nacional, dio nacimiento a dos instituciones de excepcionales calidades, de tal forma que durante su vigencia, entre los años 1998 y 2006 se cumplieron con solvencia y eficacia los objetivos para los que se crearon: conformación de 296 ternas, 34 pedidos de juicios políticos que arrojaron 12 destituciones, 10 renuncias motivadas por los dictámenes de acusación, 5 absoluciones y las restantes con remisión a otras comisiones.-
En el año 2006 se produce el primer gran error con la modificación de la ley 24937 mediante la promulgación de la ley 26080.-
Nuestro Colegio de Abogados de San Isidro fue una de las pocas instituciones que marcaron claramente su desacuerdo con la reforma que, entre otras cosas, disponía la merma de la participación de los abogados en su conformación.-
Lo manifestamos expresamente, lo expusimos claramente (ver Dos Primeras Nº 40, Síntesis Forense Nº 119, 123 y 129) e interpusimos uno de las dos únicas demandas de inconstitucionalidad que se presentaron en la República (Juzgado Contencioso Administrativo Nº 8 Sec. Nº 15 Capital Federal), sin que nos concedieran la cautelar solicitada.-
Ahora, a partir de las proyectadas reformas se persiste en el error con una profundización del desacierto.-
¿Para qué toda esta batería de proyectos en vez de volver al sistema que mejor cumplió los objetivos constitucionales?
Porque la responsabilidad que cabe por la falta de designaciones de jueces y la casi nula actividad en la remoción de magistrados que se advierte desde entonces, deberá imputársela a la reforma del año 2006 cuyos resultados lucen espantosos respecto del periodo 1998 a 2006.-
Que la Justicia Nacional tiene sus inconvenientes no es ninguna novedad.-
Ahora, persistir en el error, en el modelo equivocado, no solucionará los problemas.-
Solo los agravará, imponiendo serios e irreparables gravámenes al Sistema Republicano, al Estado de Derecho y al pleno ejercicio del derecho de defensa, que ejercemos los abogados, necesitados de un Poder Judicial independiente para la plena e irrestricta vigencia de los derechos y garantías individuales y sociales.-
La clara voluntad de suprimir, menoscabar o diluir la representación estamentaria de los abogados atenta directamente contra el sistema constitucional previsto, al reducir la participación del único estamento independiente, el de los abogados, instituidos para el ejercicio del derecho de defensa en juicio en resguardo de los intereses del habitante común, de la protección de la vida, patrimonio y esencialmente la libertad de éstos.-
Nuestro Colegio de Abogados de San Isidro tiene la responsabilidad social de denunciar que las propuestas legislativas no resultan aptas para solucionar los problemas actuales de la justicia, MANIFESTANDO, CON CLARIDAD Y CON LA MAYOR INTENSIDAD QUE PUDIERA, NUESTRA OPOSICIÓN AL ACTUAL PROYECTO DE MODIFICACIÓN EN TRÁMITE.-
San Isidro, 11 de abril de 2013
