02
Jun
2020

Interpusimos amparo en representación de todos los abogados de la Provincia contra el Poder Ejecutivo

El Colegio de Abogados de San Isidro redactó el amparo presentado en el día de la fecha por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. La acción judicial peticiona el resguardo de los derechos, intereses, garantías constitucionales, convencionales y legales pluri-individuales y homogéneos de los abogados y abogadas. Patrocinan conjuntamente la acción el Presidente del Colegio, Dr. Santiago Quarneti y el Dr. Diego Isabella.

Comunicado

Acción judicial por libre circulación para abogados/as en todo el territorio provincial y acceso a los estudios profesionales.

El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, a partir de la decisión unánime de los 20 Colegios de Abogados departamentales que lo integran, ha iniciado una acción judicial a efectos de resguardar los derechos, intereses, garantías constitucionales, convencionales y legales pluri-individuales y homogéneos de los abogados y las abogadas matriculados/as.

En la presentación realizada se solicitó que se resuelva -en forma expresa- la petición articulada ante el Poder Ejecutivo Provincial en fecha 14/4/20, por medio del que se requiriera la excepción al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, para posibilitar la libre circulación de los/as abogados/as en el ejercicio de la profesión en todo el territorio provincial, así como la concurrencia a los estudios profesionales a los fines de cumplimiento de aquellos actos propios de ésta, bajo un estricto protocolo sanitario.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo provincial, -dentro del ámbito de su competencia propia o posibilitando la intervención de la Jefatura de Ministros de la Nación, y a pesar de algunas excepciones parciales dictadas para diferentes municipios- no ha resuelto en forma global al planteo realizado, el que involucra a la totalidad de los/as abogados/as de la Provincia y la posibilidad efectiva del pleno ejercicio de la profesión en resguardo de los derechos de la ciudadanía.

Menos aún se ha dado respuesta a dicho reclamo, impidiéndonos conocer cuáles resultan ser los criterios técnicos y/o los fundamentos jurídico-fácticos acerca de dicho tratamiento no igualitario, no sólo en lo territorial sino también respecto de otras profesiones asimilables en sus modalidades de ejercicio.

Dichas omisiones -formales y materiales- conllevan un obrar antijurídico afectando manifiestamente el ejercicio profesional de nuestros representados/as, y adicionalmente, frustran e impiden que la Justicia provincial funcione adecuadamente.

AMPARO

 

Fuentes
COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRO