24
Abr
2025

Apoyo institucional al Colegio de Abogados de Entre Ríos

En repudio a las manifestaciones agraviantes vertidas por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos en contra del Colegio de Abogados de Entre Ríos y de su Presidenta, el Colegio de Abogados de San Isidro adhiere a la declaración de la Federación Argentina de Colegios de Abogados del 17/4/25.
Carta del Colegio del Colegio de Abogados de San Isidro a su par de Entre Ríos.

Adhesión a la declaración de la FACA

El Colegio de Abogados de San Isidro adhiere a la declaración de la Federación Argentina de Colegios de Abogados del 17 de abril del corriente, que ha expresado su firme apoyo institucional al Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER) y a su Presidenta, Dra. María Marta Simón, ante los hechos recientes que pretenden desacreditar su accionar gremial y cuestionar su integridad ética.  
Las manifestaciones agraviantes vertidas por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos en contra del CAER y de su Presidenta, no solo lesionan la imagen y el rol de representación que se ejerce legítimamente, sino que también pretenden socavar el ejercicio libre y autónomo de la defensa de los intereses profesionales de la abogacía.
En esta línea, la FACA  ratificó el compromiso con la defensa irrestricta del Estado de Derecho, de las instituciones representativas de la abogacía organizada, del rol medular que cumplen dentro de la sociedad y del libre ejercicio de la profesión en un marco de respeto y legalidad, frente a cualquier intento de limitar la función institucional de los colegios de abogados o de su participación activa en los asuntos que atañen a la profesión.

Carta del Colegio de Abogados de San Isidro al C.A. E. R.

Por su parte, nuestra Presidenta Dra. Guillermina Soria se ha dirigido en representación del Consejo Directivo de esta Institución a su par del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Dra. María Marta Simón, haciéndole llegar nuestro acompañamiento y respaldo ante los agravios recibidos.

Siguiendo ese criterio, destacamos  que resulta indispensable resguardar la autonomía y la legitimidad de los colegios profesionales, asegurando su libre funcionamiento en un marco de respeto institucional y legalidad.