La función que cumple el Consejo de la Magistratura de la Nación en el delicado proceso de designación de los jueces federales y nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, es esencial para la plena vigencia del Estado de Derecho y la real independencia de los tres poderes del Estado.
A partir de la reforma que la ley 26080 introdujo a la arquitectura de la ley 24937, dicho órgano fue cooptado por la política partidaria produciendo un marcado desequilibrio en la conformación del Consejo.
En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió la inconstitucionalidad de la ley actual, en el plano de su conformación, de modo que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 5 de la ley 26080 y la inaplicabilidad del art. 7 inc. 3° de la ley 24937 (texto según ley 26855), de los arts. 6 y 8 de la ley 26080, así como de todas las modificaciones efectuadas al sistema de mayorías previsto en la ley 24937 (texto según ley 24939).
Por otro lado, exhortó al Congreso de la Nación a que en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo de la Magistratura. Paralelamente, el Alto Tribunal, ordenó al Consejo de la Magistratura a adecuar su conformación a los términos establecidos en la ley anterior. Y que de transcurrir 120 días sin que se realicen los cambios exigidos por la Corte, sus actos serán nulos.
De tal forma, la Corte avaló el accionar del Colegio de Abogados de San Isidro que, desde hace años sostiene la inconstitucionalidad de la ley 26080, al punto de iniciar una acción de amparo en su contra y de abstenerse de participar en forma activa en las elecciones de los abogados del interior.
Con esta tardía, pero buena noticia, se insta al Congreso de la Nación a que adopte un nuevo sistema legal que garantice el equilibrio de poderes que requiere la Constitución Nacional, teniendo presente la vital injerencia que el estamento de abogados debe tener como su fiel garante.
San Isidro, 17 de diciembre de 2021.
Consejo Directivo del Colegio de Abogados de San Isidro
