“Ya ninguna mujer piensa que está bien que la discriminen o la golpeen. Lo cual no significa que no la sigan discriminando o golpeando. Pero ya nadie cree que eso es correcto o está bien. Creo que el feminismo en la Argentina avanzó en eso, en la toma de conciencia. Pero de ahí a irradiar... falta mucho” Haydée Birgin.
El Instituto de los Derechos de las Mujeres se opone a la violencia contra la mujer, por razones de género, así como a las desigualdades que se generan en cualquier ámbito; apoya la visibilización de los homicidios ocurridos en Argentina y se identifica con los ocurridos en el mundo.
En ese contexto adherimos al colectivo feminista plural y heterogéneo de “Ni Una Menos”, que organizó el 3 de junio de 2015, hace ya 8 años, la primera marcha.
El femicidio de la adolescente Chiara Páez, en la provincia de Santa Fe generó tal conmoción que, ese año, se llevaron a cabo marchas en casi cien ciudades de todo el país. Sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se movilizaron hacia el Congreso de la Nación, unas 300.000 personas.
Esa convocatoria tuvo una extraordinaria concurrencia de jóvenes, producto de la difusión en redes sociales y medios de comunicación y de la adhesión de actrices, actores, deportistas, músicos y músicas, periodistas, dirigentes políticos y políticas, así como de organizaciones feministas y sociales.
En esa oportunidad, y en los años siguientes las mujeres salimos a la calle, hartas de la violencia machista que ha provocado la muerte de miles de mujeres.
Nada de esto es nuevo, antaño se los llamaba “crímenes pasionales”, como el femicidio de Angélica Estela Reales, asesinada a los 35 años de varias puñaladas por su exmarido, el 4 de febrero de 1985. Angélica se había separado y como no existía el concepto de violencia de género, la sentencia se dictó como “crimen pasional”: el asesino fue preso por 8 años quedando sin madre 3 menores de edad.
Y aunque año tras año anhelamos una disminución de femicidios, sumadas las desapariciones, los números nos siguen alarmando.
El informe publicado por “Ahora sí nos ven”, da cuenta que desde el 1/1/2023 hasta el 30/6/2023, hubo 152 femicidios.
Fueron 179 intentos de femicidio en el mismo período; 3 transfemicidios publicados en los medios de comunicación. El 58% fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas, el 7,3% por familiares y el 12,5%, por conocidos.
Estos números dan cuenta que los femicidas no son locos, extraños o erráticos, sino que comparten previamente espacios de estudio, trabajo, amistad o el hogar, cuentan con la confianza de la víctima y en la mayoría de los casos son personas con quienes tienen un vínculo afectivo.
El 57% ocurrió en la vivienda de la víctima; 31 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 23 tenían medidas de protección.
Al menos 113 niños y niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista. Mencionan que el 25% de los femicidios ocurrieron en la vía pública.
Observaron que las víctimas de violencia no pueden abandonar el hogar ya que no tienen recursos suficientes, por lo que la inclusión de las mujeres en el mundo del trabajo y la distribución igualitaria de las tareas de cuidado son fundamentales para prevenir violencias y generar una situación propicia para que puedan salir de esa situación.
El informe da cuenta que de las 152 víctimas de femicidios, 31 habían realizado al menos una denuncia y 23 tenían medidas de protección.
Es decir que sólo el 20% pudo acceder al sistema de justicia y sólo el 15% logró una respuesta de la misma, sin embargo, fueron asesinadas.
El resultado es que por omisión, inacción, negligencia o simple machismo desde la “justicia” no se asistió, ni se contuvo de forma efectiva a las víctimas.
Es urgente que la Justicia históricamente patriarcal revea y transforme sus prácticas dentro y fuera de los juzgados y fiscalías para no ser cómplices de los femicidios y no dar un mensaje de desprotección y desconfianza para quienes estén viviendo situaciones de violencia.
Desde el Instituto de los Derechos de las Mujeres creemos que esa atención insuficiente e inadecuada de las instituciones, no solo agrava el problema, sino que la fomenta.
¿Por qué femicidio y no homicidio?
Fue declarado el 15 de agosto de 2008, en Washington, D.C., que “los femicidios son la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tengan lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.”
Recomiendan a los Estados Parte que el atenuante de “emoción violenta” no se utilice para disminuir la responsabilidad, legislar o fortalecer la legislación existente, de manera que las mujeres amenazadas, pueden encontrar formas efectivas para proteger sus vidas, incluir los riesgos de vida e integridad física y otras manifestaciones de violencia, garantizar el accesos de las mujeres a la justicia, contar con bancos de datos para conocer la magnitud de la problemática en sus países y monitorear los avances y retrocesos del Estado en la materia.
En relación a los Medios de Comunicación, recomiendan: adoptar los códigos de ética para el tratamiento de los casos de violencia, promoviendo el respeto a la dignidad e integridad de las víctimas; y evitando la difusión de detalles morbosos, estereotipos sexistas o descalificadores de las mujeres. Por otro lado, manifiestan que deben cumplir un rol de educación ética ciudadana, promoviendo la equidad e igualdad de género y contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Aclaran que hasta 1992, el término “femicide” lo utilizaba el periodismo y la sociedad para referirse a la muerte de las mujeres. En 1992 las feministas Diana Russell-activista y escritora sudafricana- y Jill Radford -escritora, socióloga sudafricana-, le dieron un contenido jurídico y social al término “femicide”, definiéndolo como “el asesinato de mujeres, cometido por hombres, por el hecho de ser mujeres. Los motivos serían los intentos de controlar sus vidas, sus cuerpos y/o su sexualidad, castigándolas con la muerte para quienes no lo acepten.
- MESECVI. DECLARACIÓN SOBRE EL FEMICIDIO Aprobada en la Cuarta Reunión del Comité de Expertas/os (CEVI), celebrada el 15 de agosto de 2008 - MECANISMO DE SEGUIMIENTO CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ (MESECVI) COMITÉ DE EXPERTAS/OS VIOLENCIA (CEVI) 13–15 de agosto de 2008 Washington, D.C. OEA/Ser.L/II.7.10 -MESECVI/CEVI/DEC. 1/08 15 agosto 2008 Original: español
Al respecto Diana Russell decía “el feminicidio representa el extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales como físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual infantil incestuosos o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales, entre otras”
El término femicidio fue acuñado por la escritora feminista estadounidense Carol Orlock, en 1974. En 1976 Diana Russell lo utiliza ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas, el mismo que Simone de Beauvoir tildó de “principio de la descolonización radical de las mujeres”.
En 2014 el término “femicidio” fue incorporado al diccionario de la Real Academia Española y en 2018 enmendó la definición: “el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia”
En 1993 Marcela Lagarde, tomó la idea general de femicide -de Russell y Radford- y la desarrolla como feminicidio, porque considera que se presta mejor a cubrir las razones de género y la construcción social detrás de esas muertes, así como la impunidad que las rodea. Al registrar cifras records de muertes en Ciudad Juárez, ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos, fue convocada para comprender mejor los casos. Propuso que esos crímenes misóginos se los denominara “feminicidio”, cuyo origen del término sería “feminis” del latín. Esta propuesta la hizo para evitar confusiones entre “femicidio” y “homicidio” y el temor de que se lo redujera a simple homicidio de mujeres, dejando de lado la perspectiva de género, que es el punto fundamental del concepto. Además, ofreció una crítica más fuerte que Diana Russell y Jill Radford de las instituciones, haciendo de la impunidad una de las características fundamentales del feminicidio al denunciar la inacción de los Estados. Entre 1993 y 2001 hubo una movilización en México para señalar las disfunciones de las autoridades como la negligencia en las investigaciones, la lentitud administrativa y judicial o incluso el cuestionamiento de las costumbres de las víctimas. En 2001, una coalición de 300 asociaciones lanzó la campaña “Alto a la impunidad” para denunciar la indiferencia del gobierno. Así, Marcela Lagarde retomó, también, la idea de Diana Russell y Jill Radford sobre la influencia del poder judicial en la violencia contra las mujeres y extendió la acusación a todas las instituciones y al propio Estado en estos términos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también se refirió al problema como el asesinato de mujeres y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 16 de noviembre de 2009, del caso “González y otras vs. México” (Campo Algodonero), se refirió a los homicidios de las mujeres por razones de género.
- Marcela Lagarde y de los Ríos. Etnóloga y Maestra en Ciencias Antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. A.C. Es coordinadora del Proyecto Violencia contra las Mujeres y Políticas de Gobierno en la Construcción de los Derechos Humanos de las Mujeres, auspiciada por UNIFEM. Es profesora de los Postgrados de Antropología y de Sociología y del Diplomado en Género y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tres casos resonantes de los múltiples femicidios, que nos muestran la inacción del estado, la falta de respuesta del poder judicial y las posibles complicidades del poder.
1.- MARIA ISABEL SPERATTI, 40 años víctima de femicidio en Cañuelas
Marchó el 8M de 2023 y terminó asesinada, a balazos, por su ex marido, Gabriel A. Nuñez, el 16 de marzo pasado. María Isabel había sufrido un ahorcamiento en el dormitorio el 16 de julio de 2021 y la intervención del hijo mayor del matrimonio impidió que la matara. Denuncian que la justicia de Cañuelas nunca caratuló el hecho como intento de femicidio, sino como “lesiones leves”, a pesar que a María Isabel le quedaron marcas en el cuello, un ojo afectado por la hipoxia y había iniciado un tratamiento psiquiátrico por el stress postraumático después de esa grave agresión.
La víctima nunca logró que estuviera detenido, ni que le pusieran una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos. Lo había denunciado por violencia en diferentes oportunidades, pero, como manifestó su hermana Rocío Speratti Aquino en la marcha organizada frente a tribunales, ni la Fiscalía 1 de Cañuelas, ni el Juzgado de Paz, ni el Juzgado de Garantías 8, ni la policía, le creyeron. También dijo que “tan grande es la falta de empatía que hasta intentaron revincular a los chicos con el que, en ese entonces, intentó matar a su mamá”.
María Isabel había denunciado que la “ninguneaban”. "Fueron María y sus hijos los que pasaron meses encerrados, con miedo, con perimetral y botón antipánico, y ¿de qué sirven?. “En el mundo del revés, los asesinos caminan libres y las victimas deben esconderse, refugiarse, rogando no morir, porque así lo deciden los insensibles de siempre, jueces y fiscales", expresó Rocío Speratti Aquino, hermana de María, durante la concentración frente a los Tribunales.
La convocatoria contó con más de 150 adhesiones para la concentración, de Amnistía Internacional (AI); Actrices Argentinas, Shalom Bait, Abogadas Feministas de Argentina (Abofem), la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina; Usina de Justicia; Ni Una Menos; el colectivo Yo sí te creo; la Campaña Contra la Prescripción de los Delitos de Violencia Sexual, Latfem y de periodistas, psiquiatras, psicólogas, docentes, además de profesionales y representantes de proyectos culturales y sociales.
PREGUNTAS
¿El asesinato de María Isabel se podría haber evitado? ¿Qué responsabilidades caben a la justicia y a la policía que no le creyeron?
2) GRISELDA BLANCO, 45 años, periodista asesinada el 20 de mayo de 2023, en su domicilio de Curuzú Cuatiá, Corrientes.
En un principio sostuvieron que se había suicidado, pero como presentaba signos de haberse defendido y se habrían hallado cabellos en sus manos, esa hipótesis fue descartada. El primer detenido fue una expareja, pero finalmente fue imputado Darío Alfredo Holzweissig, dueño de un resto bar, con el que la víctima tendría un vínculo amoroso.
Lautaro Cesani, hijo de Griselda manifestó que a su madre la habían asesinado por “decía verdades que nadie se animaba a decir.” Trabajaba en radio como periodista y además realizaba investigaciones, que la llevaron a denunciar al hospital local “Dr. Fernando Irastorza” por una posible mala praxis y a la cúpula policial por mal desempeño y un supuesto abuso sexual, por el que estaría acusado un comisario de Sauce, que había sido trasladado a Curuzú Cuatiá. A raíz de sus denuncias contra la policía local, los hijos pidieron la intervención de la Policía Federal, pedido al que hizo lugar la fiscal María J. Barrero.
La Asociación de Periodistas de Corrientes (APC) dijeron en un comunicado “…urgimos el esclarecimiento de las circunstancias y las causas del deceso, lo cual es investigado por la Justicia….” La abogada de Griselda, Silvia Casarrubia, aportó audios que le había enviado la víctima y destacó que uno de los celulares, que usaba para trabajar, no fue encontrado.
El 7 de junio pasado, el día del periodista, la red de Periodistas de Corrientes organizó una actividad, para pedir justicia por Griselda. Amnistía Internacional publicó un comunicado diciendo que el Estado debe garantizar la debida diligencia en la investigación, ya que “se trata de una profesión fundamental para la convivencia democrática, la libertad de expresión, la transparencia y máxima rendición de cuentas a la que deben ser sometidos los agentes estatales o que cumplan un rol público”. Por su parte la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) exigió al poder judicial “una investigación transparente”.
PREGUNTAS
¿Quién mató a Griselda? ¿Se investiga que el hecho pudo haber sido perpetrado desde sectores del poder? ¿La investigación se encuentra centrada en sus vínculos afectivos o existe alguna línea de investigación que vincule el asesinato con sus denuncias?
3) CECILIA STRZYZOWSKI, 28 años desaparecida, presuntamente víctima de femicidio, en Chaco.
Fue vista por última vez el 2 de junio pasado cuando quedó registrado su ingreso a la casa de los Sena, padres de su exesposo/pareja. Las noticias dan cuenta que Cecilia creía que iba a vivir a Ushuaia, junto con quien había sido su esposo, actual pareja César Sena. Tal viaje fue un engaño y se supone que fue asesinada entre las 12:16 y las 13:01 ese mismo día.
Fueron imputadas por homicidio César Sena y sus padres Emereciano Sena, candidato a diputado provincial y Marcela Acuña, pre candidata a intendenta de Resistencia. Bajo el cargo de encubrimiento agravado, fueron imputados José Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González. Obregón acompañaba en el quinto lugar de la lista del Frente de Chaco. Se cree que la pareja Obregón-Gonzalez, habría ayudado a los padres de César Sena a ocultar el cadáver. También fueron imputados Gustavo Melgarejo, casero del campo donde se encontraron restos óseos y su esposa Griselda Reinoso. Días después se encontró su mochila quemada, algunas pertenencias y restos óseos, en las orillas del río Tragadero. Las pertenencias fueron identificadas por su madre y otros familiares.
Las investigaciones de los fiscales de Chaco indicaron que César Sena asesinó a Cecilia en la mañana del 2 de junio pasado. Basan sus conclusiones en que temprano entraron a la casa de los Sena, juntos César y Cecilia y ella no volvió a salir. Agregaron que César salió de la vivienda con bolsas negras.
La cosificación de Cecilia ha prevalecido en el trato que le dispensaron tanto su pareja, como sus suegros, por eso fue descartada como una cosa, un objeto.
PREGUNTAS: ¿Qué pasó con Cecilia? Quien/es la asesino/asesinaron? ¿Por qué creyeron que podían manejarse con tanta impunidad? Existe alguna línea de investigación que vincule la desaparición/asesinato con el intento de lograr protección desde el poder?
