Escribe la Dra. Andrea Martínez Seijas.
Una vez más, una de las tantas y hartas veces a las que nos tienen tristemente acostumbrados nuestros gobernantes, han arremetido contra nuestros derechos y su protección. Cuando hablamos de nuestros derechos, nos referimos a nosotras, las mujeres, hoy blanco enemigo del Poder Ejecutivo Nacional.
No reparan en dejar en claro, que no sólo no están en agenda del gobierno las políticas de género y protección contra la violencia de mujeres y niñas, sino que desconciertan también porque de su desprecio y desconocimiento del tema le dan publicidad internacional.
Así las cosas, en el marco de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas el pasado 15/11/24, traída a votación una resolución que buscaba intensificar esfuerzos para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, nuestro país -en soledad- votó en contra.
Fueron 170 los países que votaron en forma positiva, o sea a favor de esta resolución para erradicar y prevenir la violencia en mujeres y niñas; entre ellos; Estados Unidos de América e Israel. Trece fueron los países que se abstuvieron en la votación: Irán, Burundi, Camerún, Corea del Norte, Malí, Rusia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Senegal, entre otros. En tanto que Afganistán, Azerbaiyán, Dominicana, Madagascar, Santo Tomé, Sudán, Corea del Sur, Venezuela, etc., no estuvieron presentes.
El único país que votó en contra de las medidas contra la erradicación y prevención contra la violencia de mujeres y niñas fue la Argentina, quien además dos días antes había votado en forma negativa una resolución de preservación y ayuda a los pueblos indígenas.
Esta actitud teñida de misoginia demuestra que para el Poder ejecutivo y la Cancillería, las minorías, los vulnerables y especialmente nosotras las mujeres, no somos su pueblo. Ello evidencia un total desprecio por nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales que ésta consagra.
Desde el año 1985, con la sanción de la ley 23.179, se implementó en nuestro país la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: CEDAW.
Así, la República Argentina, por medio de la legislación mencionada se comprometió a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, disponiendo de los recursos a su alcance para lograr ese objetivo.
Más tarde, en 1994, en la Ciudad de Belem do Para, en Brasil, el mundo entero reconoce la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, en la Convención para Erradicar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres. Nuestro país el 9/4/1996 sancionó la Ley 24632, que ratifica la Convención de Belem do Pará. Además se han sancionado distintas leyes de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Tales son la Ley 26485., sancionada en el año 2009, y su modificatoria 27533.
Es inadmisible que nuestros representantes voten en contra de cualquier resolución que busque dar protección a las mujeres y niñas, y /o intensificar esfuerzos para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
Todo lo que implique protección del grupo femenino de vulnerabilidad, es irrelevante en el quehacer del primer mandatario: Amparado en la construcción social patriarcal, que avala, destruye todo organismo y política de protección contra la violencia a quienes, insisto, parece habernos convertido en blanco de sus más importantes enemigos.
Lo cierto es que la actitud tomada por el Gobierno Argentino, en la asamblea de la ONU del 15/11/2024, no puede ser ignorada por los argentinos, a pesar del intento de reparación por parte de la asesora de Cancillería de la OEA, Úrsula Basset. La misma, en su discurso del 26/11/2024, en la ONU condenó la violencia de género tratando de rectificar, la actitud tomada por el Presidente y el canciller 11 días antes.
Observamos con creciente preocupación la ignorancia y la soberbia a la que estamos sometidas, la vulneración del derecho, la dictadura del patriarcado, deleznablemente afianzada. Por eso, como connacionales interpelamos a que trabajemos por el respeto a la ley, máxime a los dirigentes, que lejos están de aplicar un gobierno democrático, ya que ello implicaría ejercer el poder por y para el pueblo, sin arrebatar ni vulnerar derechos de ningún habitante.
Si el odio a las mujeres es una de las banderas de quienes nos gobiernan no guardemos un tibio silencio. Ante la misoginia patriarcal claramente avasallante, no hay concesión posible, nunca.
