En la oportunidad del reportaje, el Dr. Quarneti aclaró, que como representante del Colegio de Abogados de San Isidro, están de acuerdo en que se aborde cualquier reforma, pero no si proviene desde un determinado sector o espacio, que carezca de opiniones previas fundadas y que como en este caso, denote la falta del conocimiento empírico de la situación; además el proyecto de reforma no tiene en cuenta la implementación del sistema acusatorio del nuevo código procesal penal federal.
“Creemos que los Colegios de Abogados tienen que ser escuchados, como así también los jueces y la sociedad, ya cansada del sistema judicial que tenemos, con sus problemas de corrupción, legitimidad, infraestructura y demora en los juicios”.
Sostuvo que una reforma judicial es absolutamente necesaria, que no están en desacuerdo en el tiempo en que se plantea, porque a esta altura cualquier tiempo es tarde, pero eso sí, reiteró, le falta más amplitud. “Ojalá que el parlamento esté a la altura de las circunstancias. Pero si la sanción de este proyecto de Ley se apura, tiene un camino muy corto”, dijo.
Ilustró que hay muchos organismos de la sociedad civil que hace tiempo vienen estudiando la problemática de la justicia. Los Colegios de Abogados del país están inmersos en el tema por una cuestión de territorialidad – y en particular, el de San Isidro que preside, comprende a los cinco municipios más grandes y poblados de la zona norte del conurbano bonaerense- los que debieran ser escuchados; al igual que son atendibles las problemáticas que conocen los más cercanos: el gremio de los judiciales, los jueces, los funcionarios y magistrados, los fiscales, la Procuración. Y la propia sociedad, que es la más afectada, porque es la que padece los problemas enormes que aquejan al Poder Judicial en el país. “Todos sabemos que la política se ha metido en el Poder Judicial y el Poder Judicial se ha metido en la política, y no es ese un buen matrimonio”.
Explicó que la reforma judicial debiera ante todo comenzar por enfocar la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación ya que es la piedra angular del sistema Judicial argentino desde la reforma de la Constitución de 1994. Le llama la atención que cada cambio de gobierno –cualquiera sea su signo- haya significado hasta ahora “meter mano” menguando relevancia a la representación de los estamentos de los jueces y los abogados. Hoy, la misma Corte no tiene un representante en ese cuerpo.
Sostuvo, que el servicio de la administración de justicia debiera ser resuelto de una vez por todas. El mismo corre por cuenta del Estado, porque es un servicio público esencial, como lo es el servicio sanitario. Y en un sistema normativo en pirámide como el nuestro debe respetarse la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Si solo se aplicara y respetara la ley, los intereses quedarían relegados a un segundo plano. Para eso está la ley, para disolver los intereses sectoriales. Entonces, concluyendo, el problema más serio radica en el desapego general a la ley.
Al iniciarse la pandemia, superando algunas zozobras el Colegio de Abogados y la Corte supieron trabajar de forma coordinada para continuar prestando el servicio de administración de justicia. Se refirió a la situación y a la forma de trabajo a distancia que están llevando adelante desde el Colegio de Abogados de San Isidro y destacó: “desde el 29 de abril pudimos recuperar los plazos judiciales, trabajamos de manera remota, desde nuestras casas. Se ha superado bastante bien el problema de la edad y situación de riesgo que tienen muchos abogados y magistrados sorteado por el funcionamiento de una plataforma digital. Si bien quedan temas pendientes, por ejemplo, cómo activar el funcionamiento de las Oficinas de Mandamientos continuamos reclamando y evaluando la manera de zanjar esa situación.”
Lograron que se efectivizara el sistema de audiencias vía remota para las mediaciones prejudiciales. Así, en comparación con el ámbito nacional y otras provincias pudieron proseguir con el ejercicio profesional.
Al finalizar destacó que el Colegio de Abogados de San Isidro, continuó con la periodicidad de las reuniones institucionales, donde “tengo la oportunidad de estar rodeado de un grupo de dirigentes que piensa en el abogado y en resolver sus dificultades para mejorar el servicio de la administración de la justicia como función estrecha al servicio de la gente”. Además de acompañar a los colegas que están pasando situaciones complejas, con prórrogas en la medida de sus posibilidades y tratativas con la Caja de la Abogacía.
Añadió que el Colegio nunca dejó de prestar servicios –aun cuando estuvo cerrado por la vigencia de las medidas sanitarias-. Destacó las tareas del Área social: la atención en línea del Consultorio Jurídico Gratuito, las que llevan a cabo los abogados /abogadas especialistas en derechos del niño, en situaciones de violencia familiar y de violencia de género.
A la par el Área Académica del Colegio intensificó las reuniones, ciclos de conferencias y cursos de capacitación vía remota, en beneficio de los matriculados de manera gratuita.
