Úrsula Bahillo tenía 18 años.
Tanto ella como su madre Patricia Nasutti, habían denunciado a Mariano Ezequiel Martínez -oficial de la Bonaerense, con carpeta psiquiátrica desde septiembre del 2020-, en reiteradas oportunidades por violencia de género y violación de las medidas de protección. El juez de Paz de Rojas, Luciano Callegari, otorgó el 9/1/ 2021 una medida de restricción perimetral y un cese de hostigamiento por 6 meses. Pero Úrsula (junto a su madre), reiteró las denuncias ante la violación de esas medidas y amenazas por parte de Martínez, quien finalmente la mató el 8/2/21.
El imperdonable caso de Úrsula constituye a su vez un patrón de comportamiento que permite diagnosticar su desenlace.
Se trata de mujeres indefensas, vulnerables, algunas casi niñas, que a pesar de las denuncias, demostraron con sus muertes cómo los distintos poderes del Estado, desarticulados entre sí, hacen caso omiso de la aplicación efectiva de las leyes protectoras y de la asignación de recursos indispensables.
Es que las autoridades del Estado no saben, no quieren escuchar o no entienden de una intervención a tiempo, abarcativa y responsable.
Hunden a las víctimas en inadmisibles vericuetos de “pruebas” y “requisitos”, cuando la verdad está a la vista de funcionarios que se escudan en los reglamentos para no hacer. En este caso, nótese que el Juez de Rojas, Dr. Callegari pidió por e-mail al municipio el botón antipánico el 8/2/21. Esa solicitud fue leída el 9/2/21, cuando Úrsula ya había sido asesinada.
La desidia y el desinterés quedan plasmados en esa foto.
Ni siquiera el mínimo requerido fue cumplido. Los servidores públicos actuantes no hicieron su trabajo, o lo hicieron mal, por lo tanto deben ser juzgados y sancionados como corresponde.
La mujer víctima de violencia cuando formula una denuncia no es escuchada de la misma manera que a un varón, porque subsisten en buena parte de los operadores prejuicios con relación a su palabra, o encubren otros propósitos. Tampoco asumen esos operadores, la obligación que les incumbe de analizar el contexto de vulnerabilidad de la víctima.
Es claro, que la capacitación en perspectiva de género de todos los poderes y organismos intervinientes ha significado un gran avance. Pero no alcanza, porque la ola de femicidios aumenta. Hoy ni siquiera estamos en el mismo lugar: estamos mucho peor.
El estado está ausente, llega tarde y no asigna los recursos indispensables de protección y abrigo para las mujeres violentadas y también para sus hijos.
Si después de Úrsula anhelábamos que fuera la última, no fue así. Le siguieron Guadalupe, Ivana y tantas más.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha actualizado, al presente, la publicación del registro de las víctimas de femicidios. Tampoco da a conocer sus nombres y apellidos como hacen otros países, e ignorando sus identidades, las vuelven a matar.
El problema es serio, acuciante. Si ante estos crímenes y alertas, el Estado nada hace como hasta ahora, significa que el patriarcado como sesgo discriminatorio contra las mujeres –la mitad de la población- sigue más vivo que nunca.
Y si el derecho argentino no puede ser desconocido por la ciudadanía menos aún podría serlo por las autoridades institucionales.
Por eso, invitamos a continuar informando, reclamando, insistiendo y bregando para que cesen estos crímenes reivindicando el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. (*)
(*) Más información. Consultar informe y reflexiones de la Dra. Norma Sciarrone
