En el anochecer del viernes 16 de diciembre -en la sede de Martín y Omar- se celebró la tradicional fiesta de fin de año. Un encuentro de festejo, y amable conversación después de un arduo año de trabajo próximo a un merecido receso de verano.
En la oportunidad el Sr. Presidente del Colegio, Dr. Guillermo Ernesto Sagués, a la par de saludar a los asistentes, pronunció el siguiente discurso:
Queridos amigos y colegas:
Cada año, más o menos en estos días de diciembre, nos reunimos en el parque de la casa común para despedir el año que termina y festejar la llegada del próximo.
Lo hacemos acá en el seno de una familia grande y particular.
Siempre despedimos el presente con algo de alivio, por lo que se va y porque conservamos la esperanza de un porvenir mejor.
El optimismo es connatural a la abogacía porque si así no fuera no habría lucha, ni desvelos ni desazones, ni satisfacción por el deber cumplido. Y sin todo eso, no habría abogacía sencillamente.
Y porque somos optimistas hoy festejamos como todos los años.
Podrá decirse que hay mucho o poco que festejar, y en ambos casos habrá razones para pensar en uno u otro sentido con acierto.
Pero la prueba de que sí hay motivo para festejar, y hacerlo juntos es precisamente nuestra presencia aquí y ahora.
Y porque es nuestra condición, repasamos algunas cuestiones de lo que nos ha pasado.
Durante el año que está finalizando el Poder Judicial se vio afectado por medidas de fuerza del personal que paralizaron totalmente su funcionamiento por más de tres meses, con réplicas en los meses de noviembre, agudizándose otra vez en el mes de diciembre. Es decir, cuando más daño se puede causar a los abogados y sus familias.
Hay que remontarse a la grave crisis económica, política y social del país hace más de 25 años para comparar ambas situaciones en cuanto a su prolongación y virulencia.
Aun en aquella época caótica el Colegio puso de manifiesto públicamente que la Justicia como poder y como servicio no podían ser eliminados sin poner en peligro el estado de Derecho mismo.
La situación en 2016 (con las dificultades por las que atraviesan la mayor parte de los argentinos y en mucha mayor medida) es muy distinta, y sin embargo el derecho de huelga se ejerció con un abuso que no reconoce precedentes.
Hemos dicho, y lo seguiremos haciendo, que la Justicia no es de propiedad de los empleados, ni de los funcionarios ni de los Jueces, sino el Pueblo, que la sostiene con su sacrificio de todos los días.
El perjuicio sufrido por los abogados con ser enorme fue inferior al causado a quienes asistimos, es decir a los necesitados de justicia que vieron demorados sus procesos y frustrados sus derechos frente a un estado impotente y sobrepasado.
No existe excusa alguna, ni derecho amparable que justifique una demasía tan abusiva como inaceptable. Pareciera que no alcanza a entenderse que resulta imposible el progreso que tienda a una sociedad más justa, si cada sector o grupo pretende imponerse al interés general en un juego absurdo de suma cero.
Ya conocemos de sobra que este insensato enfrentamiento de todos contra todos a nada bueno conduce.
Quienes tienen las responsabilidades de ocupar los más altos cargos en los otros poderes no pueden permanecer impasibles frente a la virtual desaparición de la Justicia que es Garantía, y Derecho fundamental de la sociedad.
Exigimos y reclamamos por los demás, porque es nuestra primera obligación pero lo hacemos por nosotros y nuestras familias, porque es nuestro derecho a trabajar que no es de rango inferior al de nadie.
Los abogados no tenemos garantizado un ingreso seguro trabajemos o no, lo hagamos bien o mal y las pérdidas son definitivas. Entonces no se nos puede pedir que por añadidura nos callemos y seamos solidarios con quienes entienden a su propio derecho como absoluto y el de los demás poco menos que inexistente.
Seguimos atravesando una dificultosa transición que ha de llevar al proceso escriturario sobre papel al denominado expediente digital y la modalidad de notificaciones electrónicas. Con todo ello estamos de acuerdo y el Colegio a través de su Comisión de Informática y de convenios celebrados con instituciones universitarias generó cursos, jornadas, talleres, y ayuda de todo tipo a los abogados para que puedan capacitarse en las nuevas tecnologías aplicadas al ejercicio profesional. Así avanzamos mucho, y lo seguiremos haciendo, pero con clara conciencia que siempre enfrentaremos con decisión, responsabilidad y sentido común, a la improvisación irresponsable que determina inexorablemente la violación de derechos fundamentales si todas las condiciones no están reunidas en forma armónica, conjunta y eficiente.
Aun cuando los avances autoritarios y los ataques a la división de poderes, manifestados reiteradamente aparecen ya lejanos, no podemos dejar de señalar que la calidad institucional que la República merece y necesita está lejos de alcanzarse.
No hemos visto progresos en orden a las imprescindibles reformas a los sistemas de selección y de enjuiciamiento de jueces y funcionarios tanto en la Nación como en nuestra provincia.
En el orden nacional parece haber pasado a un segundo plano la grave circunstancia de que el Consejo de la Magistratura está funcionando con una ley ya declarada inconstitucional sin que existan indicios de que se va a retornar al camino del respeto a la Constitución sancionándose la leyes necesarias para que ello ocurra.
El lamentable espectáculo que da todos los días la Justicia Federal ( y que se replica lamentablemente en la provincia en menor medida, pero en forma preocupantemente creciente) no es materia de un examen o por lo menos no se demuestra una voluntad política lo suficientemente fuerte que se enderece a poner fin a una historia de más de dos décadas que ha ido entre servilletas, mansiones adquiridas inexplicablemente, peleas por poder, subrogancias ilegítimas, vacantes que no se cubren, designaciones que dan miedo, jueces tortugas unas veces y veloces otras, veloces según sople el viento, además de sórdidos personajes salidos de burdeles, siempre apelando a la majestad de la justicia y otras expresiones de autoelogio que no solo les huelgan sino que escandalizan al ciudadano que debe soportar un sistema cruel e inútil para el común y privilegiado para el poderoso.
Las leyes que eran malas antes no se convirtieron en buenas porque haya cambiado un Gobierno, y lo que antes funcionaba mal no ha de hacerlo ahora de otro modo si no se modifica de raíz un sistema violatorio de la Constitución.
Ha llegado el momento de no quedarse en promesas o en proyectos grandilocuentes sino en poner en marcha las reformas que el país requiere para que su Poder Judicial pueda algún día retornar al prestigio que alguna vez supo tener.
La necesidad de una profunda reforma del sistema judicial argentino (tanto nacional como en las provincias) ya no admite dilaciones ni son admisibles en esta materia gradualismos, o demoras que determinan la continuidad de un sistema perimido en sus formas, anacrónico en su funcionamiento y carcomido por la corrupción en una dimensión que en otras épocas resultaba inconcebible.
Tan inconcebible como pensar que haciendo las mismas cosas que funcionaron mal ahora saldrán mejor. Esa es la actitud de los interesados en mantener un satu quo perverso.
Tan inconcebible como pensar que es posible una Argentina moderna, integrada al mundo, seria, respetada y, en constante progreso económico, social y cultural con la tremenda inseguridad jurídica que padece desde hace décadas y que parece no tener fin.
Tan inconcebible es, como pensar que las reformas se van a lograr sin contar con aquellos Jueces y Funcionarios que ejercen su ministerio calladamente todos los días con honestidad y laboriosidad, que no se auto promocionan en los medios, que viven de su retribución y que no aspiran a otro reconocimiento que el de su conciencia tranquila, porque saben lo difícil que es la solitaria y muchas veces dramática misión del Juez.
Tan inconcebible como pensar que va a suceder algo así sin el aporte de los abogados, que somos necesarios intermediarios entre el Poder Judicial y la sociedad.
Así como en algún momento se habló en un mundo sin periodistas como aspiración de los autoritarios, hay quienes deliran creyendo que pueden impartir justicia sin los abogados, a los que consideran una indeseable molestia. Esta especie de pretores de un seudo derecho auto gestionado (que generalmente y no por casualidad suelen ser los peores), no son muchos, pero constituyen una minoría dañina y perniciosa para las instituciones y son los más interesados en que las cosas no cambien nunca.
Deberemos todos poner lo mejor de cada uno para encontrar un camino que permita poner de pie a la Justicia, garantizando su independencia como derecho del pueblo y no como privilegio mal concebido, generando los mecanismos para que designaciones y remociones sean basadas en elementos objetivos que determinen merecimientos y castigos con equilibrio, teniendo cuenta que primero y por sobre todo está la República.
Reivindicamos la política como mecanismo insustituible de la transacción pacífica en la vida social, así como rechazamos la partidización y el amiguismo dentro del Poder Judicial porque constituyen el punto de partida para la pérdida de la independencia y de la imparcialidad y allí ya no puede hablarse ni de Poder y menos de Justica.
En el ámbito de nuestro Departamento Judicial, es conocida la situación de la titular del Juzgado de Familia Nro.1 de Pilar. Después de un engorroso trámite procesal atribuible a la conducta de la acusada pero fundamentalmente a las graves deficiencias que tiene la ley de enjuiciamiento y que han sido reiteradamente denunciadas por nuestra parte, se corrió traslado de la acusación. Cuando el plazo se encontraba por expirar como es sabido hace pocos días, la Jueza presentó su renuncia al cargo.
El Colegio en forma casi inmediata solicitó a la Gobernadora de la provincia que no aceptara la dimisión, en virtud de los gravísimos cargos endilgados, que comprenden un muestrario de faltas y delitos pocas veces visto, habiéndose comprometido el interés y los derechos de menores de edad en forma reiterada y con ello la propia responsabilidad internacional de nuestro país.
Hasta el día de hoy la renuncia no ha sido aceptada y el Jurado de Enjuiciamiento ha sido convocado para resolver el próximo día 27 de diciembre la suspensión a partir de lo cual aquella no podrá ser aceptada por el Poder Ejecutivo ahora, por mandato expreso de la ley.
Creemos que se trata de un avance hacia una mejor calidad institucional a la vez que un claro y disuasorio mensaje a los que creen que la Justicia es un coto de caza en el que las presas somos todos.
En el debate oral y público se evidenciará la lamentable realidad denunciada desde el primer día por el Colegio desnudando la magnitud del daño ocasionado a la justicia y a la sociedad.
Solo la destitución y la consiguiente inhabilitación demostrarán la vigencia real de las instituciones tal como las prevé la Constitución y esencialmente, la demostración de que los padrinazgos pueden servir muchas veces para llegar inmerecidamente a ocupar un cargo de semejante responsabilidad, pero difícilmente para garantizar una eterna impunidad.
El Colegio no tendrá vacilaciones al respecto. No las tuvo antes, ni nadie puede esperar que otra cosa suceda en el futuro.
Con la celebración del convenio con la Universidad del Muesos Social Argentino se ha logrado concretar que el doctorado en ciencias jurídicas sea cursado íntegramente en la sede del Colegio, demostrándose que la infraestructura física y humana puesta al servicio de la educación y el perfeccionamiento de los profesionales, resulta suficiente para que en nuestras aulas se logre capacitar y formar a aquellos abogados que buscan obtener el grado más alto que otorga la comunidad científica en la ciencia del derecho.
Lo acuerdos celebrados con la Universidad de San Isidro, para que los próximos colegiados puedan llevar a cabo las practicas obligatorias en el Consultorio Jurídico Gratuito o en estudios bajo las reglas y con vigilancia del Colegio; la celebración de acuerdos con el Ministerio de Justicia sobre el régimen de abogado del niño, sobre asistencia a la víctima y próximamente sobre formación de personal del servicio penitenciario en materia de Derechos Humanos; con la Asesoría General de Gobierno para capacitar abogados en materia de Derecho administrativo en general y municipal en particular; la puesta en marcha de un Programa de Difusión de Derechos esenciales en escuelas secundarias como prueba piloto con la Municipalidad de Pilar; lo cursos dados en materia de reformas al Código Civil y Comercial en el Polo Universitario de Tigre; y la continuidad del programa de Justicia Juvenil Restaurativa con el municipio de San Isidro, forman parte de una política del Colegio de colaboración con los Poderes Públicos en beneficio de la sociedad y de los abogados.
Durante este año la actividad de nuestra Área Académica siguió incrementándose sin pausa.
Nuevamente ha sido el esfuerzo desinteresado de quienes conforman el sector más dinámico y creativo de la institución quien ha producido resultados que son materia de elogio, pero que nos convocan a mayores desafíos.
Hemos llegado a una etapa claramente consolidada pero que no es un techo, sino un piso sobre el cual el Colegio ha de seguir creciendo. Por ello se ha aprobado un plan de transformación del Área Académica que implicará un salto cualitativo hacia el futuro.
La nuevas formas de educación a distancia, la utilización de la tecnología que permita la búsqueda y adquisición de datos en forma rápida, la calificación y perfeccionamiento constante de los docentes, la agilización y mejoramiento de la estructura administrativa de soporte, mayores estándares de profesionalidad en aspectos académicos y educativos, son algunos de los mecanismos que se pondrán en marcha para lograr la superación de los niveles de excelencia ya alcanzados.
Los desafíos, con ser grandes, no son imposibles y estamos dispuestos a afrontarlos según ha sido la historia del Colegio durante sus 51 años de vida. Solo el estudio y la capacitación constante constituyen la única forma para conseguir mejores abogados, jueces y funcionarios.
Ese es nuestro mejor aporte a la sociedad en la que abogados y Colegio se insertan, para acceder a un futuro mejor para todos.
Se cumplieron en este año que termina 200 años en que la Argentina convirtió su destino de Nación alumbrado en mayo, en definitiva independencia.
Y con los festejos hubo una obligada reflexión sobre una historia cargada de glorias y de frustraciones, de concordias y de graves enfrentamientos, de la libertad y la lucha para recobrarla cuando se perdió.
Una reflexión que debe convertirse en acción militante de los argentinos por encontrar finalmente un destino común que comprenda a todos bajo el mismo cielo como hijos de la misma tierra.
El sueño de los que fundaron la república seguramente será mejor evocado si recordamos cuando José Ingenieros decía que: “Los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen; los hombres geniales y pueblos fuertes sólo necesitan saber a dónde van”.
Los abogados, no creemos pertenecer a un pueblo decadente y tampoco presumimos de genialidad, pero sí sabemos a dónde queremos ir, que no es otro país que aquel en el que el imperio del derecho, el respeto a la ley y la supremacía de la Constitución sean una forma de vida.
El futuro no es una entelequia inasible para filosofar, sino una realidad que llama a la puerta todos los días en forma apremiante y no es posible planear el futuro a través del pasado que muchas veces es una bitácora de los errores cometidos.
Ya hemos perdido mucho tiempo en enfrentamientos que solo a grandes males nos condujeron. Es hora de que todos ahora nos convenzamos de que el destino común se construye sabiendo a dónde vamos.
Los abogados, nunca vemos en el horizonte un atardecer sino los rayos que alumbran el amanecer.
Tenemos la esperanza intacta, que definiera con sencilla belleza Martín Luther King:
“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol.”
En nombre del Consejo Directivo les deseo a todos un feliz 2017.
Muchas gracias.
