El viernes 1 de septiembre, celebramos el día del Abogado en las instalaciones de la calle Martín y Omar. En dicha ocasión el Sr. Presidente del Colegio, Dr. Guillermo Ernesto Sagués, dirigió un discurso al numeroso público reunido en el Salón de Actos, acompañados de destacadas personalidades, entre ellos el Sr. Subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Adrián Grassi, expresando:
Queridos Colegas:
Todos sabemos que hoy es un día muy especial para nosotros y que estamos aquí en esta casa, que es la de todos, para hacer un alto en el tránsito del camino que escogimos, algunos hace muchos años, otros que recién lo inician.
Pero todos con la misma sensación.
Hoy es un día muy especial porque festejamos reconociéndonos en el otro, con el que compartimos esperanzas y desencantos, fatigas, estudio, protestas y algunas alegrías.
Es que el otro y cada uno tienen la misma esencia y saben de qué hablan.
Es bueno festejar y repasar las cosas que nos pasan.
Los abogados hemos sido convocados en forma personal o a través de los Colegios para participar en trascendentes proyectos de reformas en aspectos vinculados a la justicia de la Provincia:
El sistema de Abogado del niño y su formación, las reformas a los códigos procesales civil y comercial, criminal y correccional y a la ley de procedimientos y la estructura del fuero del trabajo, el rediseño del mapa judicial, las reformas al sistema de selección de jueces que traerá profundas modificaciones a la ley del Consejo de la Magistratura y sus reglamentos, la reforma a la ley de enjuiciamiento, la intervención en la comisión del mapa judicial, son algunos de los proyectos en los que nuestras instituciones y sus representantes se encuentran trabajando intensamente.
Entendemos así que esa participación es absolutamente necesaria para que sea escuchada nuestra voz y receptadas nuestras propuestas y que la resultante de las modificaciones, a la postre, deje de ser el producto de intereses corporativos o políticos y contenga la opinión de los abogados que son los mejores conocedores del funcionamiento de la justicia.
Esa opinión la daremos respecto de las coberturas de vacantes en la Suprema Corte de Justicia que aspiramos sean producto de la valoración de antecedentes jurídicos y profesionales, del prestigio y la trayectoria y no del oportunismo motivado en especulaciones políticas insostenibles
Del mismo modo y ante la perspectiva de que vuelva a considerarse un proyecto que establezca la autarquía económica y financiera del poder judicial, es lógico concluir que la independencia del mismo se fortalece si puede administrar y disponer de recursos previamente asignados por la ley.
Pero también habremos de dejar muy en claro, una vez más, que no aceptaremos una autarquía que tenga por objeto únicamente aspiraciones salariales o equiparaciones a otros estados provinciales, mientras el atraso tecnológico y la ruina edilicia sean la cara real de la justicia de la provincia.
Mientras no existan claras garantías de que ello no vaya a suceder con fondos fiduciarios establecidos por la ley, destinados a esos aspectos centrales, no podrá hablarse seriamente de autarquía alguna y no estaremos dispuestos a mirar tranquilamente como se nos condena a seguir ejerciendo nuestra profesión y llevando a la gente que busca justicia, que paga impuestos y trabaja todos los días, a edificios ruinosos o a funerarias recicladas.
A muchos les resultan bien indiferentes estos temas, mientras se hable nada más que de remuneraciones, cuando el 95% del presupuesto judicial desde hace décadas se asigna precisamente a pagar eso mismo; y sobre este tema nuevamente y como si fuera un destino marcado desde hace décadas en la justicia provincial, seguimos con las reiteradas huelgas del personal, muchas veces alentadas o toleradas desde las más altas responsabilidades.
Estamos hartos de ser rehenes de los interminables paros, debidamente pagados con los recursos del pueblo que sostiene un poder del estado cuyo funcionamiento en líneas generales es malo.
La Suprema Corte de Justicia en esto tiene la responsabilidad primaria de hacer que la justicia funcione, porque tiene los medios que la Constitución y las leyes le han dado para que ello suceda.
Claro que estamos de acuerdo en jerarquizar a todos, porque el Poder Judicial requiere de sus integrantes especiales calificaciones.
Pero también es hora de comparar remuneraciones y resultados y sin que ello implique escandalizar a nadie, confrontar las que perciben los miembros del Poder Judicial con las de otros servidores públicos y cuál es la calidad del servicio en cada caso.
El Colegio ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia un detalle pormenorizado de todas las remuneraciones que perciben cada uno de los integrantes de la Justicia de San Isidro para informar esos datos con la mayor amplitud que sea posible a la comunidad.
Ello no debe ser motivo de preocupación para nadie que actúe honestamente y el ocultamiento que se hace de algunos temas no muestra otra cosa que una sospechosa opacidad, intolerable en un régimen republicano y más aún cuando de la justicia se trata.
La asignación de los recursos públicos no debe ser materia que pueda ser escondida como si se tratara de secretos de estado cuando no hay nada que ocultar. Quienes pagan sus impuestos para sostener al Estado tienen un derecho indiscutible a toda la información acerca de la magnitud de los fondos que sacrificadamente aportan a su sostenimiento.
De no obtenerse la información requerida en tiempo razonable, el Colegio de Abogados de San Isidro promoverá una acción de amparo fundada en el inalienable derecho a la información pública.
El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires ha pedido integrar la mesa de diálogo como un integrante necesario, en razón de la representación que ejerce.
Por un lado, la de los abogados perjudicados intensamente y también la de los justiciables a los que se les conculcan sus derechos en forma tan masiva, como injustificada.
En pocos días el Colegio será sede de un Congreso internacional de Abogados con motivo de festejarse los 70 años de vida de nuestra Caja de Previsión, en él se discutirán temas de alta relevancia para la abogacía argentina y entre ellos la formación profesional, los planes de estudio de las facultades de derecho y los sistemas de habilitación profesional.
Mientras esto sucede en medio de una crisis advertida hace años sobre lo que le esperaba a la profesión de abogado si se seguía con una política universitaria irresponsable desde el estado, y como si nada estuviera pasando, el Consejo de Universidades ha propuesto al Ministerio de Educación que la carrera de abogacía tenga un contenido mínimo de 2.600 horas de estudio contra las 3.600 que rigen actualmente.
De ello, por primera vez en la historia, se ha corrido vista a los Colegios que ya se han pronunciado mediante un enfático rechazo a la iniciativa.
A la irresponsabilidad se suma ahora una mayor, o bien, hay que pensar en que voluntariamente se quiere demoler nuestra profesión porque nadie, en su sano juicio, puede sostener que estudiando menos se conseguirán mejores profesionales.
Y lo que es peor, es que detrás de la desidia de la actuación estatal están los mercaderes de una seudo educación superior que mienten, prometiendo títulos que al cabo en la realidad cada vez valen menos.
A tan inconcebible marcha hacia la frustración de miles de posibles abogados que no van a poder ejercer en un mercado complejo, competitivo y lleno de desafíos y dificultades, se añade una alarma mayor al verificarse objetivamente que muchos ingresan al Poder Judicial como gran empleador con las gravísimas consecuencias que ello tiene para el estado de derecho.
Hoy festejamos nuestro día con más alegría que de costumbre.
El día de ayer, 31 de agosto de 2017, quedará marcado en letras mayúsculas en la historia de la Abogacía de Buenos Aires.
La Cámara de Diputados sancionó la ley que reforma, en forma integral, el sistema arancelario de los abogados vigente desde 1977.
El proyecto fue elaborado por una Comisión designada por el Colegio de Abogados de la Provincia a raíz de una iniciativa de nuestro Colegio.
La ley es producto de la Colegiación de los Abogados y para los Abogados.
Sin entrar en detalles que serán dados a conocer apenas sea la norma promulgada, la misma establece algunos conceptos que forman su columna vertebral:
Se determina legislativamente la naturaleza alimentaria de los honorarios profesionales;
Se ratifica el carácter de orden público de los mínimos arancelarios;
Se puntualiza la autonomía de la Provincia de Buenos Aires en esta materia;
Se señala que el abogado es un actor indispensable para el adecuado servicio de justicia;
Los honorarios serán -a partir de ahora- regulados en IUS a fin de evitar las distorsiones provocadas por la inflación;
El IUS arancelario se calculará sobre la totalidad de los conceptos que integran la real remuneración percibida por un Juez de Primera instancia con quince años de antigüedad;
Se modifica el sistema de pactos y convenios, alcanzándose ahora a materias antes excluidas;
Se incorporan aranceles a materias antes no reguladas, propias del derecho de familia vigente, el proceso penal y el contencioso administrativo;
Se agilizan los sistemas de notificaciones y se clarifican las cuestiones atinentes a la mora y a los intereses moratorios;
Se sanciona con nulidad los autos regulatorios que no se funden circunstanciadamente en las normas de la ley;
Se limita la discrecionalidad judicial en la determinación de bases regulatorias antojadizas y alejadas de los reales intereses económicos debatidos;
La norma deberá ser cumplida por los jueces;
Pero cada abogado tiene también la obligación de exigir su cumplimiento.
Para que ello sea así, la norma incorpora como causa de destitución, en los términos de la ley de enjuiciamiento, la violación de los mínimos arancelarios por parte de los magistrados.
A partir de la promulgación, el Colegio promoverá una intensa actividad docente para su estudio a través de clases, talleres y cursos y se publicarán comentarios y notas de doctrina.
Se conformará un cuerpo de abogados que examinará todas las regulaciones de todos los fueros y de las dos instancias, para constatar el cumplimiento de la ley por parte de los jueces, generándose archivos informáticos que servirán de antecedente inmediato para la adecuada fundamentación de denuncias y acusaciones, en caso de verificarse la infracción a la ley.
No debe quedar la menor duda que el Colegio va a proceder así y nadie debería albergar mayores cavilaciones al respecto, en atención a los antecedentes históricos y el proceso de enjuiciamiento actualmente en trámite, próximo a culminar en pocos días.
Porque es cierto que la ley requería una actualización después de 40 años de vigencia, pero también lo es que la voluntad del Colegio fue motorizada al constatarse las gravísimas y constantes violaciones que se fueron produciendo con el tiempo, hasta en los hechos, derogarla.
El daño causado a los abogados y a sus familias ha sido enorme y los perjuicios a nuestra Caja de Previsión son equivalentes al 100% de su patrimonio. Una transferencia de ingresos injustificada e ilegal que llega a su fin.
Aspiramos a que la sensatez, la racionalidad y el respeto por el derecho primen sobre la arbitrariedad, el capricho y la negación de la justicia.
Estamos dispuestos a colaborar y entablar un trabajo conjunto con los magistrados para que las dudas e interpretaciones que pueda suscitar el nuevo sistema arancelario, sean prontamente esclarecidas.
Pero no queremos escuchar más comentarios groseros acerca de cuánto va a cobrar un abogado por su trabajo, como con tristeza e indignación constatamos a diario, o que hay en los juzgados cosas más importantes que hacer que regular honorarios.
Quienes piensen así tendrán que reflexionar sobre su futuro dentro de la justicia que, con seguridad, no será promisorio ni dilatado en el tiempo.
El Colegio de Abogados de San Isidro no aceptará la derogación de una norma de orden público por desuetudo judicial ni existirá la más mínima posibilidad de tolerancia al respecto.
No cualquiera es abogado ni está preparado para serlo.
No cualquiera puede ir todas las mañanas a Tribunales, para pelear contra la sinrazón, la desidia, la arbitrariedad, la falta de compromiso la irresponsabilidad y muchas veces, contra la corrupción.
Ni cualquiera esta templado en mil batallas terminadas y otras tantas comenzadas, sin sentir el dolor de un rasguño.
No cualquiera es capaz de utilizar el derecho como única arma y hacer de cada actuación un homenaje a la supremacía de la Constitución nacional.
No cualquiera está llamado a defender la legalidad y la libertad en todas sus formas sin poder excusarse nunca.
No cualquiera puede ejercer la abogacía durante 50 años, como aquellos que son homenajeados merecidamente hoy.
Solo aquellos que estén dispuestos a optar por el camino de la montaña, evitando la comodidad del valle y que consagren su vida a defender el derecho de otros buscando la justicia, están destinados a llamarse abogados.
Hoy, cuando todos juntos festejamos nuestro día en homenaje a Juan Bautista Alberdi, alma de la Constitución, ratificamos nuestro compromiso diario, el de siempre: luchar por el imperio del derecho como medio de alcanzar la justicia, que es el camino de la libertad, la igualdad y la paz entre los hombres. Muchas gracias.
Celebración en imágenes
--(IV) CELEBRACIÓN DÍA DEL ABOGADO. 1/9/17. 144 fotos. - JURAMENTO DE NUEVOS MATRICULADOS. -RECONOCIMIENTO A LOS ABOGADOS QUE CUMPLIERON 50 AÑOS DE PROFESIÓN. -DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO DR. GUILLERMO E. SAGUÉS. -FIESTA EN EL PARQUE DE LA SEDE DEL COLEGIO EN MARTÍN Y OMAR 339. SAN ISIDRO.
--(III) CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ABOGADO- 12 fotos . * VISITA AL COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRODEL SR. SUBSECRETARIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DR. ADRIÁN GRASSI (1/9/2017)
--(II) CELEBRACIÓN DÍA DEL ABOGADO 2017. 9 fotos · CATEDRAL DE SAN ISIDRO, 1/9/2017. SANTA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS Y EN MEMORIA DE LOS COLEGAS FALLECIDOS
--(I) CELEBRACIÓN DÍA DEL ABOGADO 2017. 92 fotos ·* RECONOCIMIENTO A LOS COLEGAS QUE CUMPLIERON 40 AÑOS DE PROFESIÓN. - SALÓN DE ACTOS DE LA SEDE DE MARTÍN Y OMAR 339, -SAN ISIDRO- EL 31 DE AGOSTO DE 2017.
