Señor Subsecretario de Justicia;
Señoras y Señores Magistrados;
Queridos colegas:
Como cada uno de sus 52 años de vida, el Colegio se viste esta noche de gala para despedir el año que termina y, festejando, prepararnos juntos para el que ha de comenzar.
Lo hacemos en este lugar que sabe de la grandeza de nuestra institución labrada con el desinteresado esfuerzo de generaciones de abogadas y abogados puestos a trabajar por el bien de los demás, de la abogacía como profesión y ministerio, y del triunfo del derecho.
Y si el número de asistentes es un indicador de la fortaleza, también lo es del deseo de todos de encontrarnos en esta casa al cabo de un año, para celebrar, para festejar y para repasar algunas de las cosas que nos conmueven o nos preocupan; de las luces y las sombras y, sobre todo, para pensar como hemos de afrontar los desafíos del futuro.
No seríamos abogados realmente sino tuviéramos una seria preocupación acerca del creciente descrédito de la justicia, lo que constituye una gravísima alteración institucional.
La totalidad de las encuestas y estudios de opinión indican que los argentinos consideran a la justicia ineficiente a la hora de solucionar problemas y hay además una percepción generalizada de la existencia de graves faltas a la ética, dentro de ella. Este escepticismo de la ciudadanía, respecto de quienes desde la función pública están llamados a defenderla y protegerla, simboliza el actual divorcio entre los individuos y la institución.
La desconfianza en el sistema judicial genera problemas de legitimidad, dado que ello provoca una tendencia a la desobediencia a la ley.
La sociedad anómica de los argentinos que describía hace casi treinta años Carlos Nino en “un país al margen de la ley” se ve así concretada a extremos entonces impensados.
Es imprescindible que el poder judicial asuma su responsabilidad ante la sociedad y realice una profunda autocrítica.
No creemos sinceramente que se trate de problemas de comunicación acerca de la forma en que trabajan jueces y funcionarios y el pueblo.
Ello sería muy fácil y rápido de solucionar.
Se trata de que ya no se toleran los privilegios, las decisiones inexplicables, la opacidad que resulta siempre sospechosa, las dudas sobre la independencia respecto de los poderes políticos, las designaciones que no se sustentan en méritos sino en razones basadas en el amiguismo, el nepotismo o el clientelismo político, el uso y abuso de la huelga que dejo de ser un derecho para convertirse en un arma de extorsión y cercenamiento de los derechos del pueblo, entre otras cuestiones.
Es hora de hablar claro y por señalar algunos ejemplos hablar sin temor sobre temas presupuestarios y de la asignación de los recursos, de los sistemas de licencias , de los edificios ruinosos, de los alquileres de inmuebles ridículos por lo antieconómicos, de la falta de planificación cuando está lleno de oficinas y empleados que dicen planificar no se sabe qué cosas, de las razones por las cuales el 95 % del presupuesto se destina a remuneraciones de los miembros del poder judicial, de retribuciones extraordinarias a las que se les busca siempre un nombre original para denominarlas, de indemnizaciones encubiertas que ningún sector de la actividad privada tiene.
No creemos que en la realidad la totalidad de los integrantes del poder judicial trabajen jornadas más allá de las establecidas reglamentariamente. Basta ingresar a los tribunales de toda la provincia en horas de la tarde para constatarlo. Si eso lo hacen algunos (y reconociendo el mérito y la vocación de servicio que ello supone) y si así sucede, el estado no debe aceptar que haya quienes trabajen sin recibir remuneraciones suplementarias. Lo que constituye una excepción no debe convertirse en una regla a la que se ajustan algunos voluntariamente, pero benefician a todos indebidamente.
De todo eso y de mil cuestiones más -que en su totalidad se relacionan con la transparencia- y el modo como en que se la administran los recursos públicos hay que hablar sin más postergaciones ni eufemismos escapistas.
Y como nadie puede sentirse liberado de una obligación tan simple como esencial, no seremos extraños a los procesos de transparencia.
El Colegio de Abogados de San Isidro adherirá al régimen legal de la provincia, en cuanto entre en vigencia que determina que la totalidad de sus directivos electos han de presentar declaraciones juradas patrimoniales al iniciar y terminar sus mandatos, porque ello permitirá ratificar mediante procedimientos legales lo que ha formado parte de la historia intachable de nuestro Colegio y porque además los abogados, en orden a la administración del patrimonio común, debemos ser los primeros en dar el ejemplo de estar sujetos al escrutinio público de nuestros representados.
El sistema de selección de jueces y funcionarios, delegado por la Constitución al Consejo de la Magistratura, se modificará sustancial y drásticamente a partir del próximo año, a fin de adecuar exámenes y pruebas a la realidad, con criterios prácticos y con el objetivo de posibilitar que los postulantes sean calificados de acuerdo a las técnicas más modernas y conforme se desarrollan en sus ámbitos profesionales.
Una comisión especial que funciona en el ámbito del poder ejecutivo ya cumplió parte de su labor, la que fue a su vez aprobada por el Consejo y la reforma se pondrá en marcha paulatinamente pero sin pausa.
La eliminación de las distorsiones reglamentarias va de la mano con el objetivo que la escuela judicial sea obligatoria y garantice la paridad entre empleados y funcionarios del poder judicial y abogados de la matrícula.
Bien sabemos de aquellos que trabajan honrada y sacrificadamente en medio de toda clase de dificultades y limitaciones.
En homenaje a ellos y porque los representa cabalmente, hoy hemos invitado especialmente a esta celebración a la Señora Fiscal general de La Matanza, que dio el mejor de los ejemplos cuando antepuso al dolor personal la misión que le había sido encomendada, representando a la Procuración General en el proceso de enjuiciamiento político en que fue parte el Colegio.
La culminación de ese proceso ha sido uno de los hechos más relevantes del año que culmina y otra vez el Colegio debió asumir una de sus más delicadas y trascendentes funciones institucionales.
La unanimidad de la decisión, fue la natural consecuencia de la demostración de las gravísimas irregularidades producidas en el Juzgado de Familia n°1 de Pilar.
El Colegio de Abogados de San Isidro -una vez más- cumplió con el deber que le impone la ley en su función de fiscalización del funcionamiento de la justicia.
No pueden sino provocar estupor los hechos revelados antes y durante el debate oral en el que se pudo verificar un cúmulo de inconductas que cuesta creer que no hayan sido advertidas y denunciadas antes.
Los sistemas de control previos fracasaron estrepitosamente.
El proceso actual de enjuiciamiento de magistrados en la provincia es un muestrario de la más absoluta incoherencia, burocracia y lentitud y debe ser modificado, retornando a los sanos principios que inspiraron la ley 8085 de eficacia comprobada por más de 27 años de vida en democracia.
El sistema actual funciona para amedrentar y perturbar a los jueces, manteniendo procesos abiertos por años enteros, lo que garantiza la impunidad de los corruptos, incapaces, holgazanes y dementes, perturbando la independencia de los que se desempeñan correctamente.
Ha trascendido un anteproyecto de reformas al Consejo de la Magistratura de la Nación que pone fin al régimen inconstitucional establecido por la ley 26080.
Sin embargo, advertimos con preocupación que junto con las mejoras en los sistemas de selección y existe una inexplicable sobre-representación de los abogados de la Capital Federal, propia de los regímenes unitarios fenecidos en 1853 a lo que nos opondremos firmemente.
El Estado de derecho se perfecciona mediante su vigencia permanente, y ello conlleva obligatoriamente el respeto a las instituciones de la República. Por eso no podemos sino observar con preocupación que se vean alteradas o limitadas en su regular funcionamiento.
Hechos como los ocurridos en los últimos días en el Congreso de la Nación y en la legislatura de nuestra provincia no pueden sernos indiferentes. El remedio para las leyes que se consideran malas, o injustas no es la violencia que tantos dolores ha traído al pueblo argentino.
Hemos aprendido de las nefastas experiencias de la historia y los abogados estamos obligados desde el día que iniciamos nuestro ministerio a defender la vigencia de la Constitución y de las leyes.
El derecho es el instrumento irreemplazable de la convivencia pacífica, del progreso y de la paz.
Sabemos que el acontecimiento legislativo más importante para nuestra profesión ha sido la sanción de la ley 14967 que reemplazó a la norma vigente durante los últimos 40 años.
Es necesario recordar que hasta su promulgación los abogados de la provincia carecíamos de régimen arancelario como producto de distorsiones económicas, falacias administrativas y, de una jurisprudencia que eliminó mínimos y escalas hasta hacer desaparecer la norma convirtiéndola en letra muerta.
Miles de causas fueron entregadas a la legislatura para demostrar de qué modo y en qué magnitud fueron avasallados los derechos de los profesionales, provocando a la vez un gravísimo deterioro del patrimonio de la Caja de Previsión Social.
La nueva norma tiene como cimientos los enunciados desde el artículo primero: el carácter alimentario, el orden público de los mínimos arancelarios, la autonomía de la Provincia de Buenos Aires, todos ellos en función de la necesaria participación de los abogados para el adecuado servicio de justicia.
Pese a tratarse de una norma aprobada por unanimidad en el senado y en una sesión sobre tablas en la cámara de diputados, hemos tomado conocimiento de que algunos sectores del poder judicial han reaccionado negativamente en forma inexplicable.
La sobreactuación por lo establecido en la última parte del art. 16 en cuanto agrega como falta, en los términos de la ley de enjuiciamiento, la violación de los mínimos arancelarios, pasando por declamaciones acerca de supuestas inconstitucionalidades, hasta llegar a afirmarse que los abogados a través de esta ley limitamos el acceso a la justicia, se ha producido un variopinto conjunto de desatinos en cúmulo lanzados sin tino ni mesura.
Aquellos que hablan del acceso a la justicia deberían saber que solamente en el Colegio de Abogados de San Isidro (lo que comprende la subsede de Pilar) y hasta el mes de octubre pasaron más de ocho mil personas para ser atendidas en el consultorio jurídico gratuito, que llevan adelante colegas que con desinterés y amor al prójimo trabajan por los más necesitados y lo hacen gratuitamente, ello sin contar con los convenios de asistencia a las víctimas, la participación en el régimen de Abogado del Niño y el Convenio de Redes de Consultorios jurídicos gratuitos suscripto con el Ministerio de Justicia de la Nación la semana anterior.
En todos lados hay abogados que trabajan para los demás, sin pedir nada a cambio y por eso nos parece intolerable que se señale con ligereza irresponsable que la retribución del profesional que trabaja en el sector privado sea un obstáculo para el acceso a la justicia.
No fue el Colegio el que propuso en su proyecto una norma que contiene la sanción de expulsión, sino que fue introducida por el legislador que constató la gravedad de la situación y con la intención de evitar su agravamiento en el tiempo.
Los jueces están obligados a aplicarla de acuerdo a una recta y razonable interpretación porque esa es su función de acuerdo a la Constitución.
Deberá tenerse en consideración muy especial la ley sancionada por el congreso de la nación, como legislador del derecho común y del derecho federal infraconstitucional, hace pocos días.
La norma de igual jerarquía que el Código civil y comercial, pero posterior en el tiempo y especial en la materia, establece que los mínimos arancelarios de los abogados son de orden público lo que cierra toda discusión sobre el tema.
De allí que ningún temor puede existir por lo que pudiera suceder en tanto se cumpla con las leyes, como nadie que actúa honestamente tiene miedo al Código penal.
Pero debe quedar muy en claro que no existe margen alguno para que vaya a existir tolerancia a su violación permanente, constante y voluntaria, porque -a no dudarlo- todos los abogados sabremos qué hacer en esos casos que seguramente serán una lamentable excepción.
La época de la desconsideración, la humillación y el sometimiento a través de la necesidad económica, ha terminado.
Así como somos celosos custodios de la independencia judicial, igual celo tendremos en la custodia de un régimen destinado a garantizar la dignidad de la profesión de abogado.
Es la hora de hacer resúmenes, repasos y reflexiones pero mejor es, con un manojo de las experiencias vividas, imaginar para todos un futuro mejor.
Robert Kennedy -que fue abogado- dijo que cada vez que un hombre defiende un ideal, actúa para mejorar la suerte de otros, o lucha contra una injusticia, transmite una onda diminuta de esperanza.
Julio Cortázar escribió que la esperanza le pertenece a la vida, porque es la vida misma defendiéndose.
Y la esperanza, no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte.
Hoy, juntos en casa festejamos sobre todas las cosas el tener la esperanza intacta, porque sabemos que luchamos por valores que hacen que la vida tenga sentido.
En nombre del Consejo Directivo les deseo felices fiestas. Muchas gracias.
