En el mes de diciembre de 2017 el Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús (CAAL) comenzó a recibir una inusitada –por lo numerosa- cantidad de pedidos de pase de colegas matriculados mayoritariamente en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora (CALZ)
Esa afluencia de solicitudes de pases creció rápida y constantemente, y se incrementó a partir de febrero de 2018 constatándose diversas irregularidades (avales repetidos, domicilios coincidentes en el mismo estudio de muchos letrados, diferencias en las firmas, falta de antigüedad en los avalistas etc.) por lo que el Consejo Directivo decidió la conformación de una comisión para examinar la documentación.
Se evidenciaba que un grupo de abogados (algunos con cargos en el Consejo del CALZ incluyendo a un Director titular de la Caja de Previsión Social) intentaba participar en forma masiva en las elecciones que se llevarían a cabo en el mes de mayo en el CAAL.
Está debidamente probado a través de las constancias de la IPP N 07-02-3564/18 que el día 22 de febrero de 2018 en las primeras horas de la tarde los letrados Trotta y Di Pascale se apersonaron a la UFI N°2 sita en Avellaneda, a cargo del Dr. Mario Prieto y radicaron una denuncia en la que manifestaron temores acerca de que un número de pedidos de pase de colegas matriculados mayoritariamente en el CALZ y se encontraban siendo examinados en el CAAL ubicado en la ciudad de Lanús, podían ser destruidos.
Uno de ellos agregó que la presidenta del Consejo Directivo de esta última institución estaría cometiendo un delito perjudicando económicamente a dicha institución.
El fiscal Prieto hizo pasar a ambos letrados a prestar declaración testimonial ya que se encontraban en la Mesa de entradas. Dichas declaraciones fueron tomadas entre las 14:00 y las 14:30. No consta cargo o sello que indique la fecha y la hora exacta de la recepción de la denuncia.
El mencionado Agente Fiscal requirió al Juez Carzoglio el allanamiento del Colegio sito en la ciudad de Lanús (siendo manifiestamente incompetente) el mismo día sin motivar su pedido, ni indicar cuál sería el ilícito que se investigaría alegando que la eventual destrucción de los documentos “implicaría un daño irreparable y de difícil reparación” ( SIC).
Los plazos legales y reglamentarios para autorizar los pases no se encontraban vencidos cuando se produjo el irregular allanamiento comentado.
Reunión del COLPROBA
En forma inmediata el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) convocó a una reunión de urgencia para tratar el tema que por definición tenia gravísimas consecuencias institucionales.
En esa reunión el Colegio votó la decisión de denunciar y acusar al Juez Carzoglio y al Fiscal Prieto ante el jurado de Enjuiciamiento, designando al Dr. Guillermo E. Sagués, como patrocinante y encargado de llevar el proceso adelante.
Se trató de una decisión histórica, dado que el Colegio de Abogados provincial por primera vez en su historia denunció y acusó a un juez departamental.
La procuración General había ya denunciado antes al Juez por diversos cargos (maltrato laboral, falsificación de actas, excarcelaciones irregulares, violación de las normas sobre competencia etc.)
El ex Juez Carzoglio primero fue apartado preventivamente de su cargo y luego suspendido conforme las disposiciones legales y constitucionales aplicables.
Desde el mes de octubre de 2018 en adelante el ex magistrado llevó a cabo una campaña por los medios de difusión, redes sociales etc. intentando instalar la idea de que era acusado en realidad por no haber obedecido una supuesta orden emanada del Ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri para que detuviera al gremialista Pablo Moyano en el marco de la denominada causa “Independiente”.
Es dable señalar que ni en la acusación de la Procuración, ni en la de COLPROBA, surgió nada de eso. Nunca tal cuestión formó parte del plexo acusatorio por lo que tampoco de la defensa.
Durante el lapso que fue del 27/2 al 9/3 de 2023 se llevó a cabo el debate oral en el que declararon 85 testigos de una y otra parte.
Ninguna referencia hizo nadie (ni siquiera su defensor) acerca de lo que intensa y persistentemente hasta el día de hoy Carzoglio alega: ser víctima de presiones por parte de representantes de la administración anterior del país.
Se trató de una maniobra desesperada del acusado que recurrió a esta cuestión como modo de adquirir apoyos (políticos, sindicales, periodísticos, religiosos, etc.) que en nada podían influir respecto de las probanzas de la causa.
El día 9 de marzo del corriente se dictó veredicto y sentencia, por la que se destituyó a Carzoglio de su cargo de Juez, se lo inhabilitó para desempeñar cargos en la Justicia y se le impusieron las costas.
En lo que interesa -en particular claro está- , a las instituciones de la abogacía sobresalen los votos de la Dra. Kogan (Presidenta del Jurado) y del Dr. Arbini Trujillo (conjuez propuesto por nuestro Colegio y ex presidente y miembro del Tribunal de Disciplina del mismo).
La Dra Kogan después de reseñar las tremendas irregularidades de todo el expediente que culminó con el allanamiento ilegal del Colegio fue lapidaria:
”Se trataba claramente de una disputa política que acudió a ciertos despachos judiciales prestos a poner el ejercicio de la coerción pública al servicio de esos intereses".
En tanto del voto del Dr. Arbini Trujillo se destaca:
“Este análisis realizado bajo estrictos parámetros constitucionales y convencionales exhibe la ilegalidad del allanamiento dispuesto, por su carácter arbitrario, lo que traduce la intervención en un caso ajeno a su competencia. Lo que conlleva a una marcada incompetencia demostrada en el ejercicio de sus funciones y la comisión de graves irregularidades en los procedimientos y la posible comisión del delito de allanamiento ilegal...”
Así termina la historia judicial del ex Juez Carzoglio que seguirá peregrinando -sin suerte alguna- por algunos medios enarbolando la inexistente conspiración que selló su destino como juez según su solitario imaginario.
Hasta que se cansen de él y ya no les “rinda” la historia.
Todo un montaje por el que logró instalar su apellido como “el juez que se negó a detener a Moyano” y quedó como etiqueta de victimización política.
Seguramente será recordado por eso, como una leyenda urbana.
La verdad revelada en el Jury fue otra, y, consecuentemente la decisión fue coherente con ella.
Ahora se lamenta de que la “política” desecha a las personas después de usarlas. Toda una confesión post proceso que nos debe convocar a pensar respecto de las designaciones en el Poder Judicial y el sistema actualmente vigente.
En la Justicia bonaerense trabaja mucha gente capacitada, honesta, responsable y laboriosa.
Pero también es cierto que el número de denuncias, enjuiciamientos, destituciones, encarcelamientos y la desaprobación general de la sociedad han crecido en forma exponencial.
Un deterioro de su imagen que -no es necesario resaltarlo mucho-, es sumamente dañino para el Estado de Derecho y las instituciones republicanas.
En un verdadero acto de “sincericidio” Carzoglio declaró ante el Jurado que concursó al cargo del Juez porque en una cena en la que participó el Intendente de Avellaneda les pidió a los abogados de la Municipalidad (él era director del cementerio local) que “debían concursar” porque se iban a abrir Fiscalías y Juzgados.
¿Es esta la confesión de un hecho excepcional o es lo que ocurre en nuestra Provincia en los 20 Departamentos Judiciales?
¿Qué nivel de independencia, prudencia, conocimientos puede esperarse de una magistratura construida de esta forma?
Todos tenemos cuotas de responsabilidad pero más la tienen los que tienen mayor peso en las decisiones.
El ex Intendente de Avellaneda no es una excepción.
El Colegio de Abogados de San Isidro va por su séptima acusación que con seguridad terminará como finalizaron las anteriores pero sin que exista un mínimo acto de reflexión por parte de la mayoría del Poder Judicial que se lamenta solamente de la baja cuantía de sus remuneraciones.
Muy atrás quedó la época en que integrantes del Poder Judicial sostenían que la Justicia se depura a sí misma.
Un historia, relato, fábula o quiera llamársele que fue desmentida por la realidad.
Por el contrario al no haber existido nunca en más de tres décadas un autoexamen de las conductas que llevaron a decenas de enjuiciamientos (la mayor parte destituciones) las patologías se repiten generando un pernicioso círculo vicioso que daña al sistema judicial en cada vez mayor medida mezclando a los buenos con los malos.
El resultado ya es cosa sabida: la sensación generalizada es que todos son malos.
Mucho del destino de nuestro país habrá de pasar por reformas en la Justicia que impidan a los Carzoglio llegar a la magistratura y retornar a lo que era la más alta distinción que podía serle dispensada a un profesional del derecho.
A la vez se necesitan abogadas y abogados que hagan honor al Juramento que prestaron, que tengan coraje y luchen todos los días por el Derecho.
Aspiramos a que no existan más Jueces como Carzoglio aunque la realidad nos demuestra todos los días que no es posible ser muy optimista.
De lo que hay que estar muy seguros que, en adelante, todos han de pensarlo muy bien antes de atropellar a un Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
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