Declaración
La iniciativa legislativa que pretende incorporar a nuestro sistema legal el divorcio en sede administrativa no solo desvirtúa la esencia de nuestro andamiaje jurídico, sino que también trae consigo el riesgo de despojar a los ciudadanos de la protección y el asesoramiento que sólo un abogado capacitado puede ofrecer.
Las reformas que priorizan una "teórica" simplificación administrativa sobre la protección efectiva de los derechos de los justiciables agigantan la posibilidad de indefensión de los más vulnerables.
Los múltiples efectos del divorcio no deben soslayarse so pretexto de celeridad, más aún cuando desde la vigencia del codigo civil y comercial, el divorcio incausado no trae aparejado demoras ni trabas en la disolución del vínculo, pero si importan en lo esencial control judicial.
El consejo profesional es vital para el ejercicio pleno de los derechos y la protección de las garantías legales de los contrayentes.
No es caprichosa la oposición al proyecto por parte de toda la abogacía organizada del país, se fundamenta en el conocimiento de la materia, y la experiencia del ejercicio profesional y por tanto merece el rechazo de los legisladores, por cuánto la sanción de este o proyectos similares sin un pormenorizado análisis de sus alcances acarrea riesgos de inconstitucionalidad, y pone en crisis la convencionalidad.
