24 marzo 2023 - Día nacional de la memoria por la verdad y la justicia
Llega otro 24 de marzo, y es nuestra responsabilidad como defensores del orden, la democracia y la justicia dentro de la sociedad, llamarnos a la reflexión. Entender la magnitud de estos hechos y sus consecuencias nefastas nos permitirá aprender de los errores del pasado para no volver sobre ellos una y otra vez, conociendo de antemano el resultado.
Mucho ya se ha hablado de los acontecimientos históricos que marcaron aquel fatídico día de 1976, donde una dictadura militar puso en jaque el orden constitucional vigente dejando un tendal de víctimas y un caos político, social y económico sin precedentes en la historia de nuestro país.
Hoy, queremos detenernos a pensar en las acciones y actitudes previas que llevaron a que tales nocivas circunstancias sean posibles. Y dentro de este enorme abanico de posibilidades, enfocarnos en el peligro que representa hoy en día en nuestra sociedad, el discurso de incitación al odio.
El odio es uno de los sentimientos asociados con la parte más oscura del ser humano. Genera rasgos destructivos y de absoluto fanatismo que le impiden pensar con claridad.
Como profesionales del Derecho que hacen uso de la palabra como herramienta profesional, y como ciudadanas y ciudadanos, debemos asumir el compromiso de desterrar de nuestros discursos y palabras cotidianas los mensajes nocivos que puedan perjudicar o dañar a otros, a sus derechos o a su integridad.
Como dice la escritora argentina Griselda Gambaro: “Estamos ligados a nuestra época y no será el tema lo que nos ligará sino el tono, la manera, la elección de las palabras”.
Seamos creadores y facilitadores de palabras de consenso, de escucha y de entendimiento. Veamos al otro en su condición de tal; reconozcamos su existencia. Esa presencia que me permite tomar conciencia de mi individualidad en un acto que exige absoluta generosidad.
Generemos espacios de diálogo donde estos escenarios se conviertan en realidades posibles y cuyos resultados sean, sin dudas, propuestas enriquecedoras.
Como representantes de la Comisión de Derechos Humanos y Sociales del Colegio de Abogados de San Isidro, y en nuestro carácter de comunidad jurídica toda, es nuestro deber asumir la responsabilidad que nos toca en velar por defender la justicia, la democracia, el estado de derecho y las instituciones democráticas cada vez que se encuentren amenazadas, así como el resguardo de las garantías constitucionales.
Para ello, es necesario primero trabajar por construir sociedades más equitativas, iguales en derechos y oportunidades. Tener memoria para recordar lo que no se debe volver a repetir jamás, sin permitir, bajo ningún pretexto o circunstancia, la utilización del aparato estatal con el fin de aplicar medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico, imponiendo un régimen de terrorismo de Estado, en donde se violen los derechos humanos con asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones, encarcelamientos ilegales, persecuciones ideológicas y exilios forzados.