Cuatro Primeras. Edición Nro. 56 | Octubre de 2017. Destitución de la ex Jueza de Familia de Pilar, Dra. Alejandra C. Velázquez. En portada, en imágenes la funcionaria destituida el día del veredicto y el retiro de las piezas que conformaron el expediente sustanciado. Editorial. Los alegatos. Destacados del veredicto. Sentencia.
LA DESTITUCIÓN DE LA EX JUEZA DE FAMILIA DE PILAR, DRA. ALEJANDRA C. VELÁZQUEZ
El veredicto y la sentencia que publicamos por separado son ilustrativos acerca de las faltas que el jurado de Enjuiciamiento consideró probadas para destituir a la Jueza Velázquez de su cargo.
Faltas probadas
Se aplicaron los incisos: d) -Incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones-; e) El incumplimiento de los deberes inherentes al cargo-;f) La realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone; i) Comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido; ñ) La realización de actos de parcialidad manifiesta; q) Toda otra acción u omisión que implique defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura; r) Las que se determinen en otras leyes, del art.21 de la ley 13.661.
Hasta allí la motivación legal sustentada en los hechos demostrados, por una cantidad de medios probatorios infrecuente.
Quien se dedique a la lectura de la sentencia advertirá la gravedad de lo sucedido y la necesidad de que se promoviera su enjuiciamiento político.
El Colegio de Abogados de San Isidro, fiel a su historia cumplió una vez más con su deber. Primero denunció y más tarde acusó a la ex magistrada.
Con ello se ha dado cumplimiento otra vez a la obligación impuesta por los incisos 10 y 11 del art.19 de la ley 5177.
Sin embargo no hay motivo para celebraciones.
La destitución de un juez es un acto reservado a los casos en que existe un inocultable, palmario y grave apartamiento de la misión que le confiere el Pueblo y pone en crisis la estabilidad en el cargo garantizada por la Constitución, no como privilegio para los Jueces sino como Garantía para los individuos.
Sentado lo anterior estamos obligados a hacer otras reflexiones que aparecen como necesarias.
En primer lugar el primer pensamiento recae sobre las motivaciones que llevaron a la designación de la Dra. Velázquez para acceder al delicado emplazamiento institucional del que ha sido removida ahora.
Y ello nos lleva a razonar que el actual sistema está no solamente agotado sino que permite y tolera casos como este.
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que es su lógica consecuencia.
Reformas necesarias
De allí la necesidad de reformar el sistema de selección desde adentro del Consejo de la Magistratura, en forma total, estableciendo pruebas y exámenes diferentes, imponiendo la escuela judicial en forma obligatoria, reglamentando adecuadamente las entrevistas personales, incrementando el rigor de los exámenes psicológicos, y eliminando la rémora que es hoy el art. 21 del reglamento el Consejo que permite que se inscriban postulantes y den exámenes para cargos que no van a ocupar jamás para tener “ el examen aprobado” por más de dos años.
También estableciendo órdenes de prelación, y la igualación total de oportunidades entre abogados de la matrícula y empleados y funcionarios dependientes del Poder Judicial.
La endogamia judicial es un mal que carcome a la Justicia y que debe ser extraído definitiva y drásticamente.
En el seno de la Comisión formada en el ámbito del Ministerio de Justicia y en la que participa el presidente de nuestro Colegio por designación del Poder Ejecutivo, se está avanzando aceleradamente para elaborar un proyecto de ley que modifique estos desvíos en procura de obtener un sistema más transparente, justo y eficaz que contribuya al mejoramiento del sistema de Justicia en la provincia.
Para ello la politización extrema, el amiguismo, las “recomendaciones”, el nepotismo -que son vicios antirrepublicanos por excelencia- no deberán ser toleradas.
No es posible seguir aceptando la influencia de “estamentos de hecho” ajenos al Consejo porque precisamente la Constitución reformada en 1994 lo creó para evitar esas patologías, y son hoy una de las lamentables consecuencias de la crisis institucional del año 2001 agravada exponencialmente.
Ley de Enjuiciamiento
Debe reformarse la Ley de Enjuiciamiento para que el sistema sea más ágil, sencillo y eficaz. La ley 13661 sancionada en 2007 y que lleva cuatro reformas no ha dado resultados positivos. Todo lo contrario.
Para que una reforma permita reservar la actuación del jurado para los casos más graves en los que exista acusación, deben retornarse facultades de superintendencia a la Suprema Corte que fueran indebidamente sustraídas con la ley 13661.
Pero esto último también debe ser un instrumento de prevención y corrección que actúe con agilidad y sancione con severidad los más mínimos desvíos de los deberes de conducta en los procesos y fuera de ellos y no un sistema de encubrimientos o de defensas corporativas.
El denunciante deberá tener la posibilidad de ofrecer prueba, y recurrir las decisiones administrativas de carácter definitivo.
Ambas cuestiones se enlazan inescindiblemente.
Obviamente no aceptaremos una reforma que no contemple las dos situaciones porque sería garantizar la impunidad de quienes creen en la propiedad privada de los organismos judiciales de nuestra provincia, y para hacer, o decidir los que les da la gana.
Un triste primer puesto
Tampoco podemos obviar que el Departamento Judicial de San Isidro es el que más Jueces acusados y destituidos tiene en la historia de Buenos Aires.
Y ese dato no puede pasar inadvertido sino que ha de significar una verdadera señal de alarma para el propio Poder Judicial que, -dicho sea de paso- no hemos advertido hasta ahora.
Ni el Colegio ni sus autoridades, ni –desde luego-los abogados ni quieren, ni desean, otra cosa que trabajar honestamente y que Jueces y funcionarios sean serios, dedicados, imparciales, responsables y apegados al Derecho.
¿Es mucho pedir?
Pero sucede que cuestiones obvias como éstas parecen extrañas cuando diariamente nos enfrentamos a las arbitrariedades más grandes, al maltrato y la grosería, a las demoras absurdas, a las contradicciones, a la ignorancia que se reviste de verdad absoluta, a la increíble soberbia de los tontos, y de los que creen que el ejercicio abusivo y desviado del poder les es permitido.
La mediocridad de esa forma de pensar no es una excepción, lamentablemente.
En estos días los Tribunales de San Isidro deberían -puertas adentro- ser aulas de reflexión sobre lo sucedido, lo que sucede y lo que va a seguir sucediendo inexorablemente si no se corrigen conductas y sobre todo, mentalidades.
Obviamente hay quienes ejercen su ministerio honradamente, y trabajan lo mejor que pueden en medio de limitaciones de todo tipo. Pero nada se aporta con afirmarlo si se permite que otros hagan cualquier cosa porque la mancha es como el aceite en el mar y termina cubriendo a todos.
Algunos parecen o bien ausentes o -lo que es peor- creen que pueden hacerse los desentendidos.
O acaso ¿no están en la web las fotografías de la Dra. Velázquez en “jornadas, y cursos” con sus colegas?
¿O no sabemos que fue “distinguida” por el Senado en 2012?
¿Quiénes propusieron semejante premio?
¿También ignoramos las reuniones político-gremiales con Jueces y funcionarios, que la ex Jueza llevaba a cabo en su domicilio particular previa limpieza efectuada por el personal del Juzgado?
¿O creen que no sabemos de viajes a Oriente para “meditar” de la ex Jueza en compañía de colegas de la función judicial?
Más allá de la treintena de viajes al exterior que hizo mientras desempeñó su cargo alegremente pagados por el Pueblo.
Como ha sido norma habitual, cada vez que sucedió algo tan grave nadie sabía nada de lo que estaba pasando.
¿Van a seguir repitiendo la falaz afirmación que el “Poder Judicial se depura asimismo”?
El mensaje que se envía a la sociedad es realmente muy malo y en nada contribuye a la recuperación del perdido prestigio del Poder Judicial.
Que las encuestas de opinión reflejen la poca confiabilidad que tiene la Justicia en nuestro país no es un invento mediático o interesado sino que muestra una lamentable realidad.
Y lo que ha sucedido en nuestro Departamento judicial muestra a las claras que no se trata de los “Jueces Federales de Comodoro PY” los que merecen el juicio disvalioso de la sociedad, mucho más cuando a ello se añade el verdadero alud de acusaciones contra Jueces y Funcionarios que se ha desplegado en nuestra provincia desde hace pocos meses.
Debería tomarse debida nota de lo que está sucediendo.
A esta altura nadie en su sano juicio puede pensar que el Colegio de Abogados de San Isidro va a mirar para otro lado, que esto termina aquí o que va a tolerar el apartamiento de la función judicial ejercida rectamente, porque no lo hizo antes, no sucedió ahora ni va a pasar en el futuro.
Deseamos fervientemente que el caso de la ex Jueza Dra. Velázquez sea el último y ello dependerá de que los responsables ejerzan con corrección la misión más alta que puede ser conferida en la República: la de impartir Justicia sirviendo a la Constitución y a las Leyes.
CONSEJO DIRECTIVO SETIEMBRE DE 2017
