Pequeña crónica
Los festejos del día del abogado fueron iniciados ayer con un reconocimiento a los colegas que cumplieron más de cuarenta años de profesión. El encuentro se llevó a cabo en horas de la tarde, en el salón auditórium del anexo totalmente colmado de público. Mientras que hoy, a las diez de la mañana en la Catedral de San Isidro, se celebró la tradicional Misa de Acción de gracias y recordatorio de los colegas fallecidos.
Prosiguiendo con el programa previsto, al mediodía juraron noveles abogados acompañados de familiares (Dr. Matías D. Bouzón, acompañado por su Señora madre, Dra. Andrea Mateo; Dr. Mauro Raúl Ravalli, acompañado por su hermano, Dr. Pablo Ravalli y el Dr. Nicolás Enrique Turano acompañado por el Dr. Daniel Alberto Turano)
A los colegas que cumplieron nada menos que medio siglo de ejercicio profesional fueron llamados y homenajeados con la entrega de medallas. Ellos fueron los Dres. Juan Carlos Bocchi, Alejandro E. C. Bustamante, Jorge Raúl González, Eduardo S. J. Marini, Maximiliano C.A. Serravalle, Héctor A. Toyos y Enedy Ángel Zanutto.
A continuación de lo cual se entregaron las medallas de estilo en agradecimiento a las autoridades de este Colegio que finalizaron sus mandatos el 31 de mayo de 2014.
Discurso
Acto seguido tomó la palabra el Sr. Presidente de este Colegio, Dr. Guillermo Ernesto Sagués quien dirigiéndose a los presentes expresó:
Queridos Colegas: Cada 29 de agosto los abogados festejamos nuestro día en coincidencia con la fecha del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, ejemplo de virtudes republicanas y democráticas. Más que un efímero motivo de camaradería hoy, y en su memoria cada año, revalidamos nuestro común compromiso de luchar por el imperio del derecho, la justicia y la libertad.
El Colegio de Abogados de San Isidro, desde su creación, ha caracterizado su actuación por mantener, a través de casi 50 años, posiciones públicas de resguardo constante de principios básicos que se vinculan con la defensa de las garantías y derechos reconocidos en la constitución nacional. Por eso hemos rechazado la idea de modificar el sistema de gobierno implantado a partir de 1853.La prepotente intentona antirepublicana, orientada a obtener una absurda pretensión de eternidad en el poder, fue detenida y en ello los abogados tuvimos un decisivo y preponderante papel.
Sin embargo, las persistentes señales de alarma sobre la vigencia de peligros ciertos para el sistema constitucional no deben ser subestimadas por su gravedad, tanto como por su cantidad.
Frente a las improvisaciones y desaciertos acerca de cuestiones de gobierno, algunos aprendices de brujo esgrimen amenazas inconcebibles en un estado de derecho, destinadas a aquellos que se atreven a pensar distinto.
Las descalificaciones e insultos lanzados a diestra y siniestra y la utilización de una tropa mercenaria que vocifera insensateces como si fueran verdades reveladas son lamentable moneda corriente.
Las sistemáticas campañas verbales y coacciones van acompañadas con agresiones de turbamultas perfectamente organizadas propias del fascismo más retrogrado en nombre de un supuesto proyecto que solo existe en el interesado bolsillo de los que son sus beneficiarios. Se ha generado un voluminoso y peligroso aparato estatal y para estatal dedicado a amedrentar.
La libertad de prensa ha sido y es objeto de ataques de una intensidad y extensión desconocidos en períodos de vigencia de la Constitución, y se sigue insistiendo en que la opinión o la noticia son las responsables de la realidad fabricada por los gobernantes, cuando ella no resulta acorde o confronta con relatos o discursos que se caracterizan por su mediocre trivialidad.
Y mientras se afirma ante el Congreso Nacional que “seguridad jurídica” son solamente dos palabras horribles, se les reprocha a otros su ausencia en un alarde de absurda contradicción.
Se amenaza calificando de terroristas y traidores a políticos, economistas, periodistas, gremialistas, comerciantes, jueces o profesionales, sin distinción, en una escalada verbal que preanuncia castigos más severos para los que no entiendan.
Mientras tanto, desde la más alta responsabilidad del Poder judicial de la Nación ha llegado a afirmarse, como si fuera un maravilloso descubrimiento científico, que las sentencias deben ser cumplidas acá y en otras partes también.
Ello debería hacernos sentir un poco más tranquilos, si no fuera porque miles de sentencias que han recaído a favor de los jubilados, es decir los más indefensos de la sociedad, no se cumplen, o no sucediera lo mismo con los fallos recaídos en materia de discriminación de la publicidad estatal en la prensa, o los que decidieron sobre la libertad sindical y alguna de las seis sentencias de la Corte Suprema que ordenaran la reposición en su cargo del Procurador General de Santa Cruz, también hubiera sido cumplida.
Pero como eso no pasa y tampoco se sabe si pasará algún día, nos permitimos dudar de que tan evidente conclusión para cualquier abogado sea algo más que palabras para salir del paso.
Un elemental sentido de la prudencia indicaba la necesidad de no mentar la soga en la casa del ahorcado, según la sabiduría del dicho popular.
Los abogados hemos demostrado que agravios, amenazas y agresiones potenciales o concretas no han servido para callarnos ni para hacer que renunciemos a nuestro ministerio, nunca.
Estamos sobradamente preparados para oponer al miedo el coraje cívico, y el derecho como instrumento de la convivencia pacífica a la violencia.
El fracaso de la denominada reforma judicial implica ignorar que la justicia está enferma de males conocidos por todos y es necesaria su reforma de raíz y sin más dilaciones en el tiempo.
Para ello es imprescindible definir con toda claridad que las causas de su mal funcionamiento global se remontan a décadas, y después de casi 32 años de vigencia ininterrumpida de las instituciones republicanas, su agravamiento extremo es consecuencia de que, gobierno tras gobierno y sistemáticamente todos, le han dado la espalda.
La mala formación, las carencias de estructuras modernas y el atraso tecnológico, los edificios derruidos, los atrasos absurdos, la endogamia judicial, la mansa aceptación de las declaraciones de emergencias permanentes, la corrupción y la falta de coraje para impedir el atropello de la Constitución, los privilegios auto asignados, la arrogancia monárquica de los mediocres, la impunidad del delito y de los delincuentes, y la burocrática e inhumana forma de lo que con muestras de humor negro denominan administrar justicia, forman parte de una inocultable y penosa realidad.
Como si todo lo anterior no fuera suficiente, en la Provincia de Buenos Aires se ha instaurado un régimen de mediación prejudicial diseñado sobre bases conceptuales erróneas y aun peor instrumentado, generando mayores inconvenientes y absurdos enfrentamientos entre colegas.
Las estadísticas oficiales en esta materia sobre caída en niveles de litigiosidad tienen la misma confiabilidad que las que miden los índices de inflación. La disminución del número de litigios que parece justificar la jactancia de algunos, obedece a la relación entre economía y derecho que la burocracia ignora siempre: en realidad los abogados están buscando otras jurisdicciones huyendo de la justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Por sus tasas judiciales de interés confiscatorias, por su banco, por las colas de sus tribunales, por sus miserables y derruidos edificios, por la increíble lentitud de los procesos, y ahora también, por su sistema de mediación arrevesado.
Y si lo anterior no fuera motivo más que suficiente para huir, entre el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y el responsable de la llamada Superintendencia del Departamento Judicial, han decidido que porque falta luz, gas o agua según sea la época del año en el edificio de tribunales, la justicia trabaje a partir de las 10 de la mañana reduciendo la jornada de trabajo a cuatro horas.
En lugar de solucionar problemas tan elementales en un edificio que avergüenza por su estado de destrucción y abandono, la decisión es no solamente no hacerlo sino que se ha resuelto que en San Isidro haya menos justicia y, si es posible, aun peor.
Aunque acostumbrados a los despropósitos, este colma la medida en materia de desidia y negligencia.
Va de suyo que no deben esperar del Colegio de Abogados de San Isidro por respuesta, un silencio que sería complicidad.
Por el contrario, asumiremos una vez más la responsabilidad que nos impone la ley, y el Consejo Directivo habrá de debatir la promoción del enjuiciamiento político de quienes se sienten impunes para violar la Constitución.
Adicionalmente el Colegio, en representación de sus matriculados, y en protección de los intereses colectivos, habrá de considerar la promoción de las acciones resarcitorias que corresponden por los perjuicios causados, enderezándolas contra los autores de los daños a título personal, porque el pueblo no tiene por qué pagar los estropicios causados por su negligencia o incapacidad.
No podrán, en este caso, ampararse tras la inmunidad relativa de la que gozan los jueces por tratarse de irracionales y dañinos actos de administración de los que deriva su personal responsabilidad civil.
A través de los medios de comunicación y los sistemas de información, comienza a partir de hoy una campaña de divulgación para que se conozca, en todo el país y en el exterior, que aquí, en el Departamento Judicial de San Isidro, se ha decidido que el Poder judicial deje en los hechos de funcionar, señalándose, con toda precisión y claridad, a quienes son los autores del desaguisado.
Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio de Abogados de San Isidro denunciará las graves circunstancias señaladas ante los organismos internacionales por la clara violación de los tratados suscriptos por la Nación.
Aspiramos a que los errores cometidos se corrijan de manera urgente para evitar males mayores, pero nadie debe llamarse a engaño respecto de nuestra voluntad y decisión, en caso de así no suceda.
Porque somos abogados, creemos que existe un mejor mañana y aun en medio de las dificultades buscamos un futuro mejor.
Así como hemos logrado que próximamente funcione una dependencia del banco de la provincia en nuestro edificio de la calle Acassuso para uso exclusivo de los abogados, el Colegio ha propuesto reformas legales y reglamentarias al sistema de mediación y seguirá reclamando, como lo viene haciendo desde hace años, mejoras en la infraestructura edilicia.
Es especial motivo de nuestra actividad colegial concretar el avance hacia la informatización total de las causas judiciales mediante la utilización del instrumento de la firma digital, materia que despierta (aunque parezca mentira) resistencias en grupos minoritarios que pretenden mantener cargos y empleos creados en el siglo XIX o de aquellos que hacen de la opacidad su forma de consagrar arbitrariedades e injusticias.
Respecto de jueces, funcionarios y empleados se ha comenzado un proceso de recopilación de datos sobre la actuación de toda persona que con título de abogado se desempeñe en el Poder judicial, a fin de contar con elementos suficientes ahora y en el futuro que permitan emitir opinión con adicionales elementos de juicio al Colegio en su carácter de integrante del Consejo de la Magistratura.
El maltrato a los abogados, las demoras injustificadas y las deficiencias que puedan advertirse, al igual que los méritos que se aprecien en la trayectoria, habrán de ser archivados en legajos informáticos individuales.
Estas cuestiones se enlazan en una finalidad única que no es otra que la de colaborar para que el ejercicio de la profesión sea el que elegimos como camino en la vida, por el que transitamos defendiendo el derecho vulnerado de otro y no pasarla penando y sufriendo las humillantes condiciones que se nos imponen desde un estado que mira para otro lado, porque ni la justicia ni el derecho otorgan réditos electorales inmediatos.
Por eso, no nos cabe la mera idea de la resignación ante la corrupción, la prepotencia, los engaños, y la falsificación de las instituciones.
Es nuestro deber hacer los esfuerzos necesarios para que la palabra república vuelva a tener sentido y sea una forma de vida, negándonos siempre a aceptar que ha sido abolida o que ella no es posible.
Y en ella, la división del poder en ramas independientes y que se controlan mutuamente, no constituye un postulado propio de la teoría, de la ingenuidad o peor aún, de la estupidez.
El derecho debe volver a ser el regulador pacífico y único de los conflictos, para lo cual los abogados deberemos demostrar la convicción y la firmeza que nace de nuestra misma vocación, porque sin el derecho solo seguiremos encontrando enfrentamiento, discordia y disolución.
Bien se ha dicho que la abogacía es una vieja profesión cargada de futuro.
Tan cargada de futuro y de fe, que convencidos estamos, como dijo Calamandrei, que si hay aun inocentes que defender, atropellos por denunciar, dolores engendrados por la injusticia que reparar la abogacía es aun joven.
Que mejor ejemplo de esa juventud para los abogados que hoy comienzan su camino, que el que nos dan aquellos que han cumplido 50 años pidiendo justicia para otros.
Festejemos ahora este día en el que los abogados renovamos nuestro compromiso, con alegría y esperanza, porque honroso es el destino de aquellos a los que les ha sido confiada la dignidad de defender a sus semejantes.
Muchas gracias
Vino de honor en los jardines del Colegio
Llegó la hora de la fiesta, del brindis, del saludo y del homenaje que se debe cada colega en su día.
