La Ley 25653 del 22 de agosto de 2002 determinó que el día el 24 de marzo se considere el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, para conmemorar a las víctimas de la dictadura más sangrienta vivida en la Argentina que dejó 30.000 desaparecidos.
Con ello se ha creado un día de Memoria y de movilización por los derechos humanos.
Dentro de ese marco, la Comisión de Derechos Humanos haciendo uso de la Memoria y la Justicia recuerda el 24 de marzo de 1976 como un día atroz en la historia argentina en el que las Fuerzas Armadas se adueñaron del poder por medio de un golpe de estado. Por la táctica de la tortura, la desaparición forzada y la apropiación de bebés, niñas y niños, se crearon cientos de centros clandestinos de detención. Recordamos aquí los icónicos cinco grandes centros: la ESMA, el Club Atlético, El Campito, el Vesubio y La Perla.
El informe de “Nunca Más” nos recuerda que más de la mitad de los desaparecidos eran trabajadores; que una importante cantidad eran adolescentes, siendo emblemático el grupo de adolescentes secuestrados, asesinados y desaparecidos en la Noche de los Lápices por llevar adelante una campaña para conseguir el boleto estudiantil, o los desaparecidos en la Escuela Carlos Pellegrini.
También fueron detenidos-desaparecidos y asesinados personas discapacitadas, ancianas, sacerdotes y monjas (como la masacre de San Patricio de los padres Palotinos o de las Monjas Francesas) sindicalistas, periodistas, artistas, deportistas, abogados (recordaremos siempre “la Noche de las Corbatas”). En algunos otros casos se trataban de familiares o simplemente de personas nombradas por otros detenidos sometidos a tortura.
También se ha dado a conocer que fueron desaparecidas personas a causa de su orientación o su identidad sexual.
La dictadura estableció una estructura clandestina para la represión, secuestros y desapariciones forzadas, centros de detención y tortura clandestinos, mecanismos ilegales para deshumanizar y asesinar personas y disponer de sus cadáveres, instalaciones médicas secretas para atender partos de detenidas-desaparecidas y suprimir las identidades de los niños nacidos en cautiverio, desinformación a través de los medios de comunicación, coordinación con algunas grandes empresas para la delación de opositores, etcétera.
La violación de derechos humanos en Argentina entre 1976 y 1983 fue producto sistemático de un plan de exterminio de una parte de la población.
Con la recuperación de la democracia en el año 1983, se creó la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares. Y en el año 1984 la CONADEP produjo su famoso informe titulado “NUNCA MÁS”.
Tras 43 años de aquel trágico acontecimiento del 24 de marzo de 1976 aun hoy continuamos padeciendo nefastas consecuencias de la ejecución de aquel siniestro plan criminal de exterminio y robo sistemático de niños.
Acompañamos la búsqueda infatigable de la identidad de personas y la recuperación de nietos que en el año 2018 llegó al número 128.
Como Institución que abogamos por el Estado de Derecho y la vigencia de las Instituciones Republicanas de Gobierno y la protección y eficacia del sistema normativo, entendemos que la justicia y la memoria resultan ser pilares básicos y fundamentales de nuestra sociedad.
Cabe advertir a lo largo de estos años, los juicios a las Juntas Militares como los cientos de juicios por lesa humanidad han marcado hitos importantes en la condena penal a los responsables militares, civiles y empresarios que participaron activamente en la violación a los derechos humanos.
Lamentablemente aún nos falta mucho camino por recorrer.
El negacionismo, el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado a algunos condenados por delitos de lesa humanidad, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de mayo de 2017 que admitió que los criminales condenados por delitos de lesa humanidad podían computar doble el tiempo que estuvieron detenidos antes de ser condenados, a partir de los dos años de prisión preventiva, deben ser tomados como formas de olvido inadmisibles.
La sociedad se movilizó y repudió la citada sentencia (CSJN 1574/2014/RH1), siendo el Congreso de la Nación quien a los 6 días declaró inaplicable el cómputo del dos por uno a delitos de lesa humanidad (ley 27.362).
Aún quedan temas urgentes en política de derechos humanos para garantizar:
Vulneraciones graves a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres; las cifras de femicidios que crecen anualmente; la violencia de género; las humillantes condiciones de detención de personas privadas de su libertad por delitos comunes; los derechos de personas migrantes y refugiadas quienes -por un decreto que modificó la Ley de Migraciones de 2004- encuentran limitados sus derechos de entrada, residencia y potencialmente aceleradas las deportaciones; las comunidades indígenas que aún no cuentan con un reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra, pese a que la Constitución se lo reconoce; las grandes dificultades en el acceso a la salud, la justicia y la educación de la parte más vulnerable de nuestra población.
Es por ello que, apelando a la Memoria por la Verdad y la Justicia, formulamos esta Declaración exponiendo de manera breve y respetuosa los trágicos acontecimientos y sus consecuencias, reivindicando el pleno acceso al ejercicio de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Nacional como en los Tratados Internacionales que la República ha ratificado, para así hacer realidad la frase que hizo suya el doctor Julio Strassera al concluir su alegato en el denominado juicio a las juntas:
“SEÑORES JUECES, NUNCA MÁS”.
