La inexplicable violación a las constituciones nacional y provincial

 

Hace pocos días se tomó conocimiento de que nueve jueces con competencia en lo civil y comercial del Departamento Judicial de San Isidro elevaron una nota (cuya copia se reproduce con esta publicación)* dirigiéndose al Ministro de Justicia de la Nación Dr. Germán Garavano y al Coordinador del Proyecto “Justicia 2020” desarrollado por dicho ministerio del Estado Federal, Dr. Héctor Chayer.

El reclamo formulado apunta a que el Ministro “tome conciencia” de la problemática relacionada con las vacantes “sin cubrir de cargos titulares de jueces y demás funcionarios en la Provincia”, discurriendo sobre la afectación de la “oralidad” y la gravedad de la situación por la que atraviesa nuestro departamento judicial, y requiriendo además “se dé tratamiento a las designaciones de magistrados y funcionarios que aún no han sido designados para cubrir las vacantes en el lapso de tiempo más breve posible, acorde a las difíciles circunstancias que atraviesa la Administración de Justicia en nuestra provincia” (sic).

 

Es decir que un grupo de magistrados locales se han dirigido al Ministro de Justicia de la Nación para peticionar sobre designaciones de jueces de la provincia (y ya que estamos), de “funcionarios” también.

Difícilmente pueda concebirse un desvarío semejante.

Parece inconcebible que antes de suscribir esta nota, estos magistrados no se hayan preguntado ¿qué cosa podría o debería hacer el Ministro de Justicia de la Nación para agilizar designaciones judiciales en la provincia de Buenos Aires?

Estos jueces han hecho del federalismo una palabra sin contenido.

 

Además, las peticiones contenidas en la nota de marras, en absoluto constituyen los problemas prioritarios de la administración de justicia, pues resulta increíble que sean observados desde la mera incomodidad que esta implementación procesal acarrea o por la gratuidad de las subrogancias que deben cubrir. 

Así pues, no se trata sólo de una cuestión formal respecto del destinatario de la misiva, sino que además del inadmisible tropiezo constitucional, contiene un diagnóstico desacertado de las graves falencias que presenta la administración de justicia.

Los jueces y juezas firmantes del petitorio creen poder atropellar las instituciones de la Constitución, la autonomía provincial, el federalismo y a la Suprema Corte de Justicia que tiene la representación del Poder Judicial con exclusividad (art. 32 inc. a ley 5827, Acordada 41/1876).

 

Ignoran la naturaleza federal de nuestro sistema constitucional de gobierno y -lo que no es menos grave- demuestran una total falta de compromiso con el bien común, por cuanto se constatan demoras absurdas en los despachos diarios, hay que ir a “avisarles” que se envió un escrito por vía electrónica para que alguien siquiera lo mire, o bien que resuelvan simples cuestiones el derecho en forma absurda.

Ya estamos cansados de las excusas por los atrasos en las causas: la falta de personal, la ausencia de un empleado, la licencia de alguien, el desconocimiento del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas, la oralidad, etc.

Sin embargo en este lamentable estado de cosas, nueve jueces de San Isidro deciden asignarse la representación de todos para quejarse sobre los males de la administración de justicia en la provincia.

Fieles a sí mismos se desentienden de un tema que les parece ajeno. No quieren siquiera reflexionar acerca de que la grave situación por la que atraviesa la justicia bonaerense los tiene también a ellos como responsables y partícipes directos.

Conocemos y trabajamos incansablemente para resolver los problemas de vacancias y las carencias de infraestructura en nuestro departamento judicial, pero no podemos pensar en nadie a quien se le hubiera ocurrido suscribir un petitorio semejante, máxime cuando es sabido que la justicia civil y comercial de otros departamentos judiciales, funciona mejor –o mucho mejor aún- que en San Isidro.

No existe la más mínima reflexión acerca de que el Departamento Judicial de San Isidro es la circunscripción Judicial con más jueces acusados -y destituidos- de todo el país en las últimas décadas. De eso no se habla nunca, como si fuera tierra bajo la alfombra porque las cuestiones importantes son otras (mucho trabajo, licencias, personal, bajos salarios, subrogancias gratuitas).

No se toma conciencia de que no es cuestión de edificios, computadoras o vacantes que no se cubren, o de protestar por cada reforma legislativa, sino que se trata de la falta de respeto generalizada a las normas, a los ciudadanos, a los abogados, a la ausencia de compromiso con su rol, a su increíble soberbia, a su falta de capacitación, a los privilegios auto asignados y a un sinfín de aspectos que señalan carencias en el elemento más básico de toda institución: el factor humano.

La desatinada presentación provocó que el tema se tratara en el Consejo de la Magistratura, en la Suprema Corte de Justicia y en el Ministerio de Justicia de la provincia con la preocupación que provoca un desvío institucional de inusitada gravedad.

 

 

Si estábamos mal, ahora estamos mucho peor.

Porque la Constitución es sagrada y este grupo de jueces creyó que no lo es tanto, privilegiando su interés personal o sectorial, por más “nobleza” que le adjudiquen a su labor.

Sin embargo es justo y esperanzador separar la paja del trigo.

Las Dras. Marta Capalbo (Juzgado 11), Alejandra Peña (Juzgado 3) y Alicia Ortolani (Juzgado 5) no firmaron el petitorio y tal conducta significa una clara señal de que no todo está perdido.