Adhesión
En atención a lo solicitado por el Instituto de los Derechos de las Mujeres -conforme la nota elevada al Consejo Directivo que se transcribe más abajo-, se ha resuelto: “Colegio de Abogados de San Isidro, mayo 28 de 2015. El Consejo Directivo adhiere a la Marcha que bajo el lema “Ni una menos” se llevará a cabo el miércoles 3 de junio del corriente a las 17:00 desde el Congreso de la Nación. Hágase saber”. Dr. Guillermo E. Sagués. Presidente. Dr. Juan Fermín Lahitte. Secretario”.
Solicitud
Ref. Marcha día 3 de junio de 2015, firmada por la Directora del Instituto de los Derechos de las Mujeres, Dra. Silvia R. Pedretta.
En ocasión de elevar nuestra nota con relación al Día Internacional de la Mujer, recordábamos que somos conscientes de los progresos obtenidos a lo largo del globo que transcurren desde la promulgación de una de las constituciones más progresivas en la consagración de los derechos de las mujeres en la región de los Estados Árabes como asimismo la investigación y represión de la violencia sexual en tiempo de guerra.
Asimismo poníamos el acento en que era la ocasión entonces de reafirmar todos y cada uno de los compromisos que los Estados han asumido en la real y concreta igualdad entre hombres y mujeres
Tal afirmación encontraba y encuentra su fuerza convictiva en las desgraciadas cifras dadas a conocer año a año por la Organización No Gubernamental “Casa del encuentro”, cifras de las que se desprende que cada treinta (30) horas muere una mujer a causa de la violencia de género.
Lamentablemente y –a pesar- de lo dispuesto en la legislación interna y de los acuerdos llevados a cabo durante el año 2014 entre el Consejo Nacional de la Mujer y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, no hay a la fecha cifras oficiales a nivel nacional, ni existen indicadores acerca de las tasas de mujeres ya sea general o por grupo de edad que fueron víctimas de violencia física en los últimos 12 meses, ni disquisiciones por nivel de gravedad de la violencia, por relación con el perpetrador o los perpetradores y por frecuencia, tampoco contamos con tasas generales y tasa general y por grupo de edad de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en alguna ocasión a lo largo de su vida, ni tasa general y por grupo de edad de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual o física por parte de su pareja actual o ex pareja en los últimos 12 meses, por frecuencia ni en alguna ocasión a lo largo de su vida.
En definitiva adolecemos de datos imprescindibles a la hora de activar la agenda pública en la materia. Si tomamos como ciertos los datos relevados por la ONG mencionada, nos encontramos que para el año 2014 ocurrieron doscientos setenta y siete (277) femicidios, veintinueve (29) femicidios vinculados de hombres y niños y que para el período 2008 a 2014 se registraron dos mil ciento noventa y seis (2196) niños que quedaron sin madre.
Conforme el mismo informe señala, los datos surgen de los informes de TELAM y DyM y de los casos que aparecen en distintos medios de comunicación.
Ello nos lleva a la sospecha de que son muchos más, ya que aun falta contar los que no toman estado público y/o no son denunciados.
A su vez tampoco tenemos un mapeo, ni un análisis de las circunstancias y/o sectores sociales en los que se produce la situación de violencia. Podríamos afirmar que lo que no se cuenta, no cuenta.
Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho.
En tal sentido las Reglas de Brasilia luego de definir la violencia de género como “cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de la violencia física o psíquica” imprime a los estados la obligación de impulsar “las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de condiciones”.
Asimismo se impone prestar una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo “mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna”.
A su vez señala como destinatarios de las Reglas a 24) Serán destinatarios del contenido de las presentes Reglas:
a) Los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dentro del sistema judicial;
b) Los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Procuradores y demás servidores que laboren en el sistema de Administración de Justicia de conformidad con la legislación interna de cada país;
c) Los Abogados y otros profesionales del Derecho, así como los Colegios y Agrupaciones de Abogados;
d) Las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de Ombudsman.
e) Policías y servicios penitenciarios
f) Y, con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.
La existencia de este instrumento como de los otros ya conocidos por todos no ha logrado minimizar la violencia proferida a mujeres, niños y ancianos.
A su vez a mayor vulnerabilidad social y económica de la víctima los recursos aparecen como menos eficaces para evitar el daño.
El reciente asesinato de Chiara Páez originó la campaña que -bajo la consigna “Ni Una Menos” en contra del femicidio- ha convocado a periodistas, personas relevantes de la cultura y a la ciudadanía en general a través de las redes sociales a sumarse a la concentración en el Congreso Nacional que se realizará el miércoles 3 de junio a las 17:00.
A mérito de lo expuesto solicitamos expresamente al Honorable Consejo Directivo se pronuncie y evalúe la posibilidad de adherir a la marcha convocada y asimismo se publique la presente nota y la resolución que en definitiva se emita en la página web de la institución.
El pedido encuentra como antecedentes la adhesión que distintas organizaciones internacionales han hecho de expresiones como la referida, ya sea con la envoltura de edificios públicos, la cartelería pública alusiva, la vestimenta de un color determinado o la marcha por las calles de distintas ciudades del mundo reclamando la implementación inmediata de políticas públicas a efectos de erradicar la violencia descripta.
