21
Oct
2014

Autarquía del Poder Judicial bonaerense, proyecto

El Proyecto de Ley de Autarquía del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires será el tema a tratar el próximo lunes 27 de octubre a las tres de la tarde. El encuentro será en la sede académica del Colegio de Abogados de San Isidro, Acassuso 442. Informes

Con la presentación del Sr. Presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel Fernando Soria, será objeto de tratamiento el Proyecto de Ley de Autarquía del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires el 27 de octubre a las 15:00 en la sede Académica – Acassuso 442 de San Isidro.
Se invita especialmente a todos los colegas intereados en el tema a participar de esta actividad no arancelada, previa inscripción.

Más informaciones: 4743-5721/5726

Noticias

Declaración rechazando el pedido de juicio político iniciado por el Ministerio de Trabajo de la Nación contra los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, emitida por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
El Directorio de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en su sesión extraordinaria del 7 de diciembre de 2016 aprobó el nuevo Reglamento del Sistema de Aportes 2017 que reproducimos para su conocimiento. - -
El Senado bonaerense dio media sanción al proyecto de Ley de Honorarios que, en sus aspectos sustanciales, fue promovido por el COLPROBA. Este es el resultado de un arduo trabajo y de un accionar permanente del Colegio de Abogados provincial, en el que el Colegio de Abogados de San Isidro, tiene muy activa participación.
El 27 de diciembre de 2016 el Jurado de Enjuiciamiento resolvió por unanimidad en sesión especial convocada al efecto declarar la admisibilidad de los cargos formulados, y suspender a la Jueza Dra. Alejandra Velázquez en el desempeño de su cargo.
Deberemos todos poner lo mejor de cada uno para encontrar un camino que permita poner de pie a la Justicia, garantizando su independencia como derecho del pueblo y no como privilegio mal concebido, generando los mecanismos para que designaciones y remociones sean basadas en elementos objetivos que determinen merecimientos y castigos con equilibrio, teniendo cuenta que primero y por sobre todo está la República.