24
Mar
2018

Declaración. A 42 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976

El Colegio de Abogados de San Isidro no olvida, repudia y condena aquel 24/3 1976, y ratifica una vez más -como función suprema de la abogacía- su compromiso de “cumplir y hacer cumplir el mandato ético superior de la abogacía, defender la justicia, la democracia, el estado de derecho y las instituciones republicanas en toda situación en que estos valores se encuentren comprometidos, conforme a los derechos y garantías constitucionales”.

DECLARACIÓN DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRO A 42 AÑOS DEL GOLPE MILITAR DEL 24/3/76

Como cada 24 de marzo, se renueva en la memoria colectiva el recuerdo del “terror más profundo que conoció la sociedad argentina”.-

Sin duda alguna, aquel día de 1976 comenzó la etapa más siniestra de nuestra historia como República. El derrocamiento de la entonces presidenta constitucional, fue la estocada que dio inicio a la salvaje dictadura militar, gestada y planificada largo tiempo atrás. La violenta e ilegal usurpación de los tres poderes del Estado fue el preludio de la barbarie que –por casi una década- viviera la Nación.-

A partir de allí la Junta Militar, a fin de imponer una forma de vida, una organización de la sociedad y un modelo de la economía que no contaban con el aval de la voluntad popular, llevó a cabo un plan de exterminio de un grupo de la población civil, en cuya ejecución provocó la desaparición forzada de personas, la apropiación sistemática de niños, asesinatos, secuestros, torturas, el robo de bienes de los desaparecidos, intervino los sindicatos, abolió la libertad de expresión, suprimió todo tipo de derechos y garantías constitucionales, prohibió los partidos políticos, destruyó industrias y numerosas fuentes genuinas de trabajo, provocó un gigantesco endeudamiento externo e impuso un programa económico sustentado en la especulación financiera y la destrucción del aparato productivo de la pequeña y mediana empresa, entre otras aberraciones que se consagraron aquel 24 de marzo como políticas de Estado.

Los abogados de entonces demostraron un fuerte compromiso en defensa del Estado de Derecho y la vigencia de las garantías individuales y los derechos humanos vulnerados a extremos desconocidos hasta entonces. De ello dan cuenta los más de cien colegas asesinados y desaparecidos, sin contar los que sufrieron consecuencias como la prisión o el destierro por cumplir con su mandato, ya sea en forma individual o desde las distintas organizaciones de la colegiación.-

El Colegio de Abogados de San Isidro no olvida, repudia y condena aquel 24 de marzo de 1976, y en el ejercicio permanente de la memoria destaca que nuestra Institución ratifica una vez más -como función suprema de la abogacía- su compromiso de “cumplir y hacer cumplir el mandato ético superior de la abogacía, defender la justicia, la democracia, el estado de derecho y las instituciones republicanas en toda situación en que estos valores se encuentren comprometidos, conforme a los derechos y garantías constitucionales”. (artículo 19 inc. 9 de la Ley Nº 5177 t.o. Ley 12.277).-

A 42 años reivindicamos y acompañamos más que nunca la perseverante lucha de las organizaciones de derechos humanos y la sociedad toda por la MEMORIA, la VERDAD y la JUSTICIA, gracias a la cual, los responsables de esos crímenes están siendo juzgados por los jueces naturales.-

Es nuestra responsabilidad, como ciudadanos y abogados, bregar para que tan nefasta experiencia no se repita y exhortar a los Poderes del Estado para que continúen el camino emprendido en el año 1983 en el fortalecimiento, reconocimiento y pleno acceso al ejercicio de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Nacional como en los Tratados Internacionales que hemos ratificado, para así hacer realidad la frase popular que hizo suya el doctor Julio Strassera al concluir su alegato en el denominado juicio a las juntas: “NUNCA MÁS”.-

 

Noticias

Se da a conocimiento copia de las notas enviadas al Sr. Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a los Sres. Presidentes de las Honorables Cámaras de la Legislatura Provincial, en relación a la decisión adoptada respecto de los pedidos de juicio político a los Dres. Sal Lari y Rossignoli.