“El Poder Judicial necesita reformas para acercarlo a las necesidades de la población”, expresa al inicio el texto de la Acordada 32/13, suscripta por los sres. Ministros Dres. Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, sosteniendo que “es indispensable que el sistema se oriente a la conclusión de los casos en un plazo razonable, sin perder de vista la fortaleza en las decisiones que se adopten en cada caso”.
Manifiesta la directriz que “dada la multiplicidad de fueros con características diferentes”, resulta conveniente “comenzar por aquellas demandas que comprometen los valores esenciales de la persona y que son, a su vez, las que más preocupan al ciudadano común y a la sociedad en su conjunto; estas son aquellas directamente vinculadas a la problemática penal”.
Así dispuso la creación de tres comisiones sobre “Celeridad en los Procesos de la Justicia Penal" con el objetivo de elaborar propuestas, que deberán ser enviadas a la Corte dentro de un plazo de 90 días a fin de ser remitidas a la autoridad que corresponda. Las mismas deberán contemplar:
- Reformas internas en el Poder Judicial, referidas a los procesos penales;
- Elaboración de manuales de actuación y de gestión administrativa y procedimental;
- Información al público, transparencia de los procesos, el rol de las víctimas y de las organizaciones no gubernamentales;
- Reformas legislativas procesales, y
- Mejoras en el sistema de excarcelaciones y la situación de los detenidos.