08
Mar
2017

Rechazo a juicio político

Declaración rechazando el pedido de juicio político iniciado por el Ministerio de Trabajo de la Nación contra los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, emitida por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.

La conducta del Ministerio de Trabajo constituye una grave violación al sistema republicano de gobierno adoptado por nuestra Constitución Nacional y persigue el propósito, no confesado, de amenazar a la totalidad de los Jueces y Magistrados del país.
Los Jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias (art. 14 inc. b de la ley 24397, t.o. ley 26080).
La resolución de los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, ordenando la aplicación de un acuerdo salarial suscripto libremente por las partes, se funda en el derecho vigente y en la prohibición de injerencia del Ministerio de Trabajo en la negociación colectiva.
Esta actitud del Poder Ejecutivo encierra una conducta absolutamente anti republicana.
Por ello, solicitamos el inmediato rechazo de estas acusaciones, que comprometen la esencial garantía de independencia judicial y constituyen un peligroso antecedente para que cualquier juez sea sometido a juicio político por el contenido de sus sentencias.
 
 
Fuentes
COLPROBA

Noticias

Declaración rechazando el pedido de juicio político iniciado por el Ministerio de Trabajo de la Nación contra los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, emitida por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
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El 27 de diciembre de 2016 el Jurado de Enjuiciamiento resolvió por unanimidad en sesión especial convocada al efecto declarar la admisibilidad de los cargos formulados, y suspender a la Jueza Dra. Alejandra Velázquez en el desempeño de su cargo.
Deberemos todos poner lo mejor de cada uno para encontrar un camino que permita poner de pie a la Justicia, garantizando su independencia como derecho del pueblo y no como privilegio mal concebido, generando los mecanismos para que designaciones y remociones sean basadas en elementos objetivos que determinen merecimientos y castigos con equilibrio, teniendo cuenta que primero y por sobre todo está la República.