Esta nota podría ser idéntica a la que suscribimos el año pasado, nada ha cambiado.
Ni los índices que demuestran -como lo expresáramos en ocasión del 8 de marzo de 2019- que el tránsito a la paridad en materia de investigación científica es lento, ni el índice que señala que somos más pobres que los hombres, ni las desigualdades en el trabajo que hace que entre hombres y mujeres la brecha salarial sea del treinta por ciento (30%), ni las muertes evitables por causas relacionadas con el embarazo, ni la violencia física o sexual a la que estamos sometidas, ni la obturación de nuestro derecho a trabajar que denunciábamos que ocurre en dieciocho (18) países, ni que en treinta y nueve (39) países los hijos y las hijas no tienen los mismos derechos hereditarios y que en cuarenta y nueve (49) países se adolece de leyes que protejan a las mujeres de violencia en el hogar.
Tampoco ha cambiado la horrible situación de las mujeres y niñas, sobre las que pesa la responsabilidad de colectar agua en el ochenta por ciento (80%) de los hogares en los que no se cuenta con acceso al agua corriente.
En nada se modificó el hecho de que las mujeres representan solo el 13% del total de las personas propietarias de terrenos agrícolas, ni que tengamos menos probabilidades que los hombres de tener un teléfono móvil y su uso de Internet sea 5,9 puntos porcentuales más bajo que el de ellos.
Mejor no hablemos de las guerras, los desastres meteorológicos, las migraciones y otros flagelos, que si bien son aterradores para cualquier ser humano, sus consecuencias se ven agravadas cuando se trata de nosotras.
Basta ver las columnas de inmigrantes reflejadas en los medios de comunicación, para verificar que están compuestas -ya sea que huyan del hambre o de conflictos armados- mayoritariamente por varones, quedando las mujeres en sus lugares de origen al cuidado de niños y ancianos.
También decíamos que en el Presupuesto General para el 2018 no se encontraban visibilizadas ciertas partidas y que la partida presupuestaria asignada en el Presupuesto 2019 para el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) había tenido un incremento del 11% con relación al 2018, pero teniendo en cuenta la inflación anual sufrida estábamos frente a una caída del 18% con relación al año anterior.
En aquella oportunidad expresábamos que según un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género ( ELA) “… se produjo un retroceso respecto del peso del INAM sobre el total del presupuesto. Mientras que en 2018 representaba el 0,006% del presupuesto nacional total, para 2019 representa un 0,00005%”.
Esperamos que con la creación del Ministerio del Área por parte del nuevo gobierno, la situación se revierta.
La relacionada a las violencias es una página que se escribe casi agonizando: es que en lo que va del transcurso del año se registraron sesenta y tres (63) mujeres asesinadas.
Los femicidios no decrecen a pesar de la legislación que reprimió más severamente este delito.
Ello denota que se necesita de un abordaje inmediato.
Se ha tornado imperativo la asignación de recursos económicos, la creación de más estructuras judiciales especializadas en este tipo de violencias, el compromiso de todos los actores sociales: el municipio, la escuela, el hospital, las fuerzas de seguridad, la academia, los medios de comunicación, los vecinos, la familia, los compañeros de trabajo, los colegas.
Es intolerable, reprochable éticamente y ofensivo, que cada vez que reclamamos por la solución inmediata de este tema nos respondan con frases irresponsables y poco preocupadas por el conocimiento de las problemáticas de género, tales como que las “mujeres también somos violentas” o que “hay que luchar por los derechos de todos”.
La contundencia de la convicción y el compromiso individual y colectivo de todos los sectores sociales es inexcusable. Hablemos responsablemente de las violencias sobre las mujeres; no podemos admitir lecturas triviales ni ligeras sobre este asunto.
Parte de esa responsabilidad nos impone responder una pregunta:
¿Nuestros funcionarios judiciales, incurren en violación de investigar con debida diligencia los casos de violencia de género? Si la respuesta es positiva, deben ser desalojados de sus cargos. La hora lo impone.
¿Por qué lo decimos?
Es que en quince (15) de los sesenta y tres crímenes femicidas del año 2020 las víctimas habían hecho las correspondientes denuncias.
Por todo eso, una vez más: El Día Internacional de las Mujeres no es un día para festejar.
Dra. Silvia R. Pedretta
